Para el año 2023 se espera un repunte económico, pero en un contexto regional e internacional todavía es muy volátil. Los países más grandes de la región entre los que se encuentran nuestros vecinos Brasil y Argentina crecerán alrededor del 1,2% y 0,5%, respectivamente, bastante menos que las proyecciones del crecimiento del PIB en Paraguay. Estos dos países son los principales socios comerciales y su cercanía afecta a las condiciones económicas internas.
La guerra, la persistencia de las derivaciones de la pandemia, los efectos de la crisis climática continuarán impactando las economías nacionales de manera directa y por la vía de los precios internacionales. Paraguay, al ser exportador e importador, se encuentra expuesto a las fluctuaciones de todas estas variables.
Al contexto externo que históricamente ha sido uno de los orígenes de nuestra volatilidad económica, el año 2023 enfrenta los desafíos de una política fiscal, instrumentalizada a través de un presupuesto público con cada vez mayores problemas para dar respuestas a las necesidades y derechos de la ciudadanía.
El presupuesto público actual es más el reflejo de intereses particulares que de un contrato social. Un gran número de funcionarios públicos que no solo no tiene carrera profesional, sino que además está partidizado. Esta mala combinación resulta en servicios públicos deficientes, riesgos de uso clientelar de recursos públicos, por parte de los funcionarios, abuso de poder y tiempo laboral destinado a apoyar las campañas proselitistas de quienes les consiguieron el trabajo.
Además del uso irregular de recursos públicos en las actividades electorales, se encuentra el financiamiento de las mismas con dinero ilícito. Hay suficientes ejemplos sobre los nexos entre narcotraficantes, contrabandistas, empresarios y políticos.
Las cadenas de favores preelectorales se convierten en deudas cuando ganan los candidatos, con lo cual todas las políticas públicas y no solo la fiscal están comprometidas. Los principales afectados son los ciudadanos, cuyas necesidades y derechos son puestos en último lugar para favorecer primero a los financistas.
Con este andamiaje institucional debilitado en el Poder Ejecutivo y, con altos niveles de impunidad en el Poder Judicial, en el próximo año se puede terminar profundizando aún más la crisis de financiamiento que enfrenta el fisco y la crisis socioeconómica que sufre la sociedad.
En lugar de ser una oportunidad para el debate y la construcción de acuerdos sobre el país que aspiramos y las políticas que necesitamos, el año electoral puede llevarnos a profundizar los niveles de conflictividad social y política, a la deslegitimación y el desánimo con la democracia ya vigentes en la ciudadanía.
Nada de ello es positivo para la economía y mucho menos para la convivencia y cohesión social. Al malestar prevaleciente y reflejado en la agresividad y prepotencia reflejada en las calles, en la violencia contra las mujeres y los niños, en los discursos de odio y en otras tantas señales negativas surge el riesgo de violencia política, cada vez más frecuente en nuestro país. Ojalá podamos atravesar este periodo con relativa normalidad de manera a proteger, no solo la estabilidad política y social, sino también la económica.
