28 mar. 2024

Año electoral saca a relucir viejos vicios y desnuda el manoseo de la Justicia

El proyecto de enmienda constitucional para la reelección presidencial, firmas falsas, crisis en la Gobernación del Guairá, el proselitismo, las internas partidarias y la filtración de audios sobre la manipulación judicial marcaron la agenda política del 2017.

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El fuego agarró por completo el primer piso del Congreso. Foto: Fernando Calistro.

Con un inicio inusual a raíz de las intensas negociaciones políticas en torno a la reelección presidencial y un cierre impactante por la filtración de audios, que derivó en la expulsión de un senador y la renuncia de otro. Así transcurrió el año con las internas partidarias como principal protagonista.

Es que todas las actividades políticas, acciones, decisiones, irregularidades o presuntas violaciones a la Constitución Nacional se realizaron siempre de acuerdo al beneficio y los intereses de un sector, mirando siempre a los lejos las Elecciones Generales del 2018.

Apenas iniciado el mes de enero, cuando habitualmente es un periodo de calma y tranquilidad por la feria judicial y el receso parlamentario, el oficialismo colorado comenzó a jugar sus últimas cartas para lograr la reelección presidencial vía enmienda a fin de perpetuar en el poder al presidente Horacio Cartes.

Cuando recién pasaron 13 días del primer mes del año, los principales referentes del movimiento Honor Colorado llegaron aparatosamente hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para presentar cientos de planillas, con firmas ciudadanas, a favor de la enmienda constitucional.

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Sin embargo, una semana después, el mismo ente electoral informó sobre la existencia de unas 69.000 rúbricas con irregularidades entre las 370.685 presentadas por el Partido Colorado. Había firmas de personas difuntas, repetidas, de menores de edad, con datos incompletos o de quienes no figuraban en el Registro Cívico Permanente.

Ese plan no tuvo el resultado deseado por los oficialistas, y rápidamente, por diferentes medios intentaron tapar las irregularidades. Presentaron una denuncia contra la opositora Desirée Masi, por un supuesto plan de atentado contra el jefe de Estado.

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Fue el polémico asesor jurídico de Yacyretá, Luis Canillas, quien aseguró que la parlamentaria intentaba asesinar al presidente Horacio Cartes y como prueba presentó una conversación, vía WhatsApp, entre senadores disidentes y opositores.

Canillas señaló en aquel momento que desde hace dos meses y medio (noviembre de 2016) accedió a conversaciones entre los legisladores críticos al Gobierno. Sin embargo, prefirió irse antes de vacaciones.

“Qué preocupado estaba Canillas por el presidente que primero se fue de vacaciones y un mes después recién denuncia un intento de magnicidio”, se burló Masi.

Otra pifiada ocurrió cuando el seccionalero Nelson Mora y el apoderado de la ANR, Eduardo González, acusaron a la disidencia colorada de adulterar las planillas a favor de la reelección, pero fue rápidamente desmentida por la Justicia Electoral.

INCENDIO DEL CONGRESO Y ATROPELLO AL PLRA

Los senadores opositores y la disidencia colorada se unieron para repeler cualquier intento de los cartistas y aliados de aprobar la enmienda constitucional en el Congreso. Argumentaban que se trataba de un proyecto ilegal e inconstitucional.

El tiempo transcurría y los plazos se acortaban para incluir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional. El oficialismo logró tener el apoyo de los liberales llanistas y del luguismo para lograr su fin, pero tropezó con el titular de la Cámara Alta de ese entonces, Roberto Acevedo.

Ante la negativa del liberal de convocar rápidamente a una sesión extraordinaria, el colorado Julio César Velázquez se autoproclamó presidente del Senado y dio entrada al proyecto de modificación del reglamento, como una acción previa a la presentación del proyecto de enmienda.

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Opositores y disidentes calificaron ese hecho como un golpe e instaron a la ciudadanía a movilizarse en el microcentro de Asunción, con lo que se agudizaba la crisis política en el país. A pesar de eso, el 31 de marzo se forzó la aprobación del polémico proyecto con los senadores aliados sesionando a puertas cerradas en la bancada del Frente Guasu.

El objetivo era remitir rápidamente el documento a la Cámara de Diputados, donde iba a tener un trámite rápido debido a la mayoría de legisladores cartistas, pero ese hecho nunca ocurrió. Un sector de la ciudadanía, indignada por todos los atropellos, salió a la calle a manifestarse aquel día.

Una movilización que al principio fue pacífica, con el paso de las horas cambió totalmente a incidentes y atropellos de las fuerzas policiales. Cuando los ánimos estaban más candentes, la fuerza del orden dejó de resguardar la sede parlamentaria y los manifestantes, con rabia, ingresaron al recinto rompiendo todo a su paso, hasta el punto de incendiar el Congreso.

La madrugada del 1 de abril se registró otro de los momentos más funestos de la democracia paraguaya. Policías atropellaron e ingresaron ilegalmente a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y provocaron la muerte del joven Rodrigo Quintana, cuyos procesos judiciales no registran grandes avances en la actualidad.

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El ambiente político cambió totalmente a partir de esos hechos. Varias organizaciones y hasta la propia Iglesia católica se pronunciaba al respecto y pedían finalizar la crisis, el respeto de las leyes y la búsqueda de la paz.

Con un país estremecido por los últimos acontecimientos, el presidente Horacio Cartes se trasladó el 18 de abril hasta el Arzobispado de Asunción y allí entregó una carta con el anuncio de que no se presentará en ningún caso como candidato para el 2018.

Para el titular de la ANR, Pedro Alliana, sin Cartes no tenía sentido seguir con la enmienda, por lo que la Cámara de Diputados decidió posteriormente mandar al archivo el polémico proyecto.

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CRISIS EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ

El 3 de marzo se informó sobre la renuncia del gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann y en su reemplazo se designó al concejal Óscar Chávez. Sin embargo, horas más tarde, el mismo jefe comunal salía de desmentir su dimisión y denunciaba la falsificación de su firma. Nuevamente se abría una lucha entre la disidencia y el oficialismo colorado.

Un sinfín de acciones judiciales, ratificaciones en el cargo y resoluciones confusas paralizaron por varios meses las labores en la sede departamental. También se produjeron incidentes entre adherentes a los diferentes sectores políticos.

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El Ministerio de Hacienda, el pasado mes de noviembre, reconocía a Óscar Chávez Resquín como gobernador de Guairá y ordenador de gastos, dejando a un lado al electo Rodolfo Friedmann.

Por su parte, Friedmann dijo que el Gobierno seguía violando la Constitución Nacional y aseguraba que buscaban chantajear a los funcionarios y utilizar el dinero público para su campaña proselitista a semanas de las internas partidarias.

INTERNAS PARTIDARIAS

Por primera vez en la historia democrática del país se realizaron unas internas partidarias simultáneas antes de unos comicios generales. Una de las primeras discusiones se dio en el ámbito legislativo con el tratamiento del proyecto de ley de financiamiento político, que pretendía evitar el uso del dinero malhabido en las campañas electorales.

En la Cámara de Diputados se postergó en reiteradas ocasiones su análisis, sesiones ordinarias y extraordinarias quedaron sin cuórum, todo con el objetivo de que la normativa no entre en vigencia para las internas de este año. Una vez que se superó el tiempo límite se aprobó sin mayores trámites para que entre a regir desde las Municipales del 2020.

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Los oficialistas también debieron tomar decisiones ante el fracaso del proyecto de la enmienda constitucional. Es así que el presidente de la República, Horacio Cartes, designó a su ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, como el candidato presidencial por Honor Colorado. Como adversario tuvo al disidente Mario Abdo Benítez.

El mandatario apostó por una figura joven, exitosa, con solo un año afiliación colorada y con un pasado liberal, lo que le significó la resistencia de un importante sector de la ANR. Para potenciar la figura de su delfín utilizó abiertamente los actos oficiales del Gobierno, violando lo dispuesto en el Código Electoral.

Mientras que la oposición sorprendió con la conformación de una alianza entre el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Frente Guasu. A pesar de las diferencias que tuvieron meses atrás con la crisis del proyecto de enmienda, los opositores tienen la intención de repetir la fórmula exitosa del 2008.

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Mario Abdo Benítez como presidente y Hugo Velázquez como vicepresidente es la chapa presidencial del Partido Colorado. Mientras que la alianza opositora está conformada por el liberal Efraín Alegre a la cabeza y Leo Rubin como el segundo.

En el ámbito legislativo no se tienen mayores novedades y las opciones son prácticamente las mismas. Muchos de los parlamentarios aspiran a otro periodo dentro del Congreso Nacional.

FILTRACIÓN DE AUDIOS

La filtración de los audios que confirmaban la manipulación de la justicia desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue el detonante de la crisis político judicial en el cierre de este año. Un secreto a voces salió a luz y nuevamente generó la indignación colectiva.

Con las grabaciones telefónicas se corroboró el tráfico de influencia existente desde el organismo que se encarga de sancionar y destituir a jueces y fiscales. El ahora ex senador Óscar González Daher fue uno de los principales involucrados.

El legislador operó a favor de correligionarios y de sus más cercanos allegados implicados en hechos de corrupción. Ese hecho le significó primero ser sancionado por sus colegas senadores y posteriormente se convirtió en el primer legislador en ser expulsado de la Cámara Alta.

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Otro implicado, el oviedista Jorge Oviedo Matto, tampoco tuvo otra opción que renunciar a su cargo ante su inminente pérdida de investidura. El parlamentario suplicó no ser expulsado y no pasar la misma humillación que días antes pasó el colorado oficialista.

Ambos ahora están imputados por los delitos de asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencia, al igual que otros funcionarios implicados en el manejo discrecional de la justicia.

De esa forma se está cerrando un año con mucha actividad política, sus principales actores nuevamente incurrieron en viejos vicios para imponer sus intereses personales y se destapó una parte de la podrida justicia.

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