25 ene. 2025

ANDE pierde G. 13.000 millones al mes por robo de criptominerías

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Conferencia. Autoridades de ANDE relataron ayer el impacto de las criptominerías ilegales.

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En conferencia de prensa, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Félix Sosa, informó ayer que el perjuicio mensual ocasionado por las criptominerías ilegales intervenidas este año supera los G. 13.000 millones. Además, detalló que se desconectaron 63.750 kVA, es decir, 63 MW, el 30% de la potencia nominal de la Central Hidroeléctrica Acaray. De hecho, el titular de la ANDE ya había dicho en más de una ocasión que la pérdida anual está en torno a los USD 60 millones.

“Para hacer un comparativo, esa es la potencia que corresponde al doble de demanda de la ciudad de Pilar, que en promedio es de 30 MW”, comparó Sosa. Añadió que las instalaciones ilegales de criptoactivos afectan directamente las finanzas de la ANDE, pero por sobre todas las cosas “en la calidad de servicio a los clientes”, con los cortes frecuentes, y también en la fluctuación de tensión.

El titular de la estatal recordó que la última intervención realizada en Saltos del Guairá es la más grande de toda la historia. “Está en proceso de incautación de 2.738 equipos de procesadores de criptominería”, señaló sobre el operativo iniciado el martes, y que continúa hasta la fecha.

Sosa contó también que iniciarán en breve el proceso de licitación para adquirir un software que servirá para agrupar todas las informaciones del sistema de la ANDE. “Inclusive estamos trabajando con otras instituciones para poder cruzar los datos, principalmente de la importación de los equipos, de estos transformadores, de cómo entraron las máquinas al país”, señaló Sosa.

Más. En efecto, el gerente comercial de la ANDE, ingeniero Hugo Rolón, dijo que en la última intervención se constataron 7.150 kVA de potencia instalada en transformadores, uno de 3.150 kVA, y otros cuatro de 1.000 kVA de potencia nominal. “El primer día se identificaron 2.738 procesadores, pero en el inmueble contiguo se hizo también el allanamiento, y ahí se encontraron aproximadamente 74 equipos procesadores, que aparentemente se querían retirar. Estamos hablando de 2.812 equipos procesadores. De ahí la magnitud de la potencia que se estaba consumiendo de manera irregular”, refirió Rolón.

Dijo que el periodo aproximado de consumo fue de 95 días, desde la variación significativa en el alimentador de distribución hasta la fecha de intervención, lo que en términos económicos representa un daño patrimonial G. 4.771 millones en total.

Sosa, por su parte, resaltó que se han intensificado las intervenciones en los últimos tiempos. “Las instalaciones clandestinas fueron uno de los factores principales de los cortes en el pasado verano”, lamentó, añadiendo que buscan llegar al dueño de la inversión, “eso es lo que hace falta”. Dijo que, además de realizar las obras previstas en el Plan Maestro, el mantenimiento preventivo de las líneas también es fundamental para minimizar los cortes en épocas de mayor consumo.

Buscan establecer mayores penas El asesor legal de la ANDE, Nelson Medina, detalló que actualmente el delito de sustracción de energía eléctrica está contemplado en el artículo 173 del Código Penal, y se reconoce como sanción una expectativa de pena de tres años o multa. “Fácilmente, las personas imputadas o sospechadas pueden recurrir a una salida procesal”, expresó Medina. Añadió que, por esta razón, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley para incrementar las penas. La propuesta plantea, para las personas que cometen el hecho punible de sustracción de energía eléctrica en baja tensión, una expectativa de pena privativa de libertad de cinco años o multa; y para aquellas que lo hacen en media tensión o niveles superiores, hasta diez años de cárcel más multa.

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