El presidente de esta instancia de la corporación, concejal Félix Ayala, dijo que la Contraloría recomienda anular el sistema de cobro de tributos por parte de esa empresa hasta tanto la Corte se expida sobre una acción de inconstitucionalidad.
“Básicamente el ente contralor dice: notamos que algunos puntos del proceso pueden ser inconstitucionales. Nosotros le decimos que un año antes decían exactamente lo contrario, que estaba todo en regla. Cuál es el criterio ahora”, se preguntó.
Sentenció que “en los hechos, si llegamos a suspender el contrato, la Corte nunca se va a expedir porque se relaja. Hoy tiene cajoneado el pedido de inconstitucionalidad. En base a eso vendrá una demanda, similar al caso Parxin. Creemos que debemos esperar que resuelva alguien que tenga autoridad jurídica para decir que no corresponde, como el máximo tribunal de la República”.
Por su parte, el edil Orlando Fiorotto dijo que el jefe comunal está obligado a acatar los dos dictámenes de la Contraloría que recomiendan la suspensión, citando la Ley 276/94, que en su artículo 16 señala que las recomendaciones del ente contralor son de carácter obligatorio.
“Este chanchullo debe terminar y no pretender meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes para satisfacer a los panameños. Esto es ilegal e inconstitucional”, expresó finalmente.