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Amnistía pide a Marito reconocer deuda de Itaipú con los indígenas

La organización que lucha por los derechos humanos junta firmas para remitir una carta al presidente de la República, donde le piden que la binacional no desaloje a la comunidad Sauce.

La organización Amnistía Internacional se encuentra en una campaña de recolección de firmas tanto a nivel local como internacional para pedir al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que detenga el proceso judicial de desalojo que impulsa Itaipú contra la comunidad Sauce, que acampa cerca de la reserva Limoy de la binacional reclamando sus tierras ancestrales.

El organismo impulsa que el Gobierno actual reconozca la deuda histórica que tiene la hidroeléctrica con los pueblos indígenas desterrados a principios de los ochenta. La investigación de ÚH detalló que en total fueron desterradas 38 comunidades Avá Guaraní Paranénses en el lado paraguayo, unas 20.000 personas, y en Brasil, unas 40.000, según estudios avalados por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica en Paraguay, y la Pontificia Universidad Católica de Paraná en Brasil.

LA CARTA. El texto que será remitido al mandatario por Amnistía Internacional señala que los miembros de la comunidad Sauce se encuentran reclamando una indemnización justa a la binacional en sus territorios ancestrales, ya que de esta zona fueron desterrados en los años ochenta. “La comunidad Tekoha Sauce tiene el derecho de residir y hacer uso de su territorio ancestral y están protegidos de ser removidos o transferidos sin su consentimiento libre, previo e informado, como está establecido en el artículo 64 de la Constitución paraguaya y el artículo 16 de la Internacional del Trabajo Organización del Convenio Nº 169 de los pueblos indígenas y tribales”, indica el texto.

La Itaipú notificó el pasado martes a los miembros de la comunidad el juicio de desalojo que impulsa en su contra, proceso que ya inició en abril de este año. “Su desalojo, sin obtener su consentimiento, constituiría una violación del derecho paraguayo e internacional. Le insto, como presidente de Paraguay, que se asegure de que la gente de la comunidad indígena Tekoha Sauce esté protegida contra el desalojo forzoso y se respeten sus derechos”, expresa la carta.

HISTORIA. El proceso de traslado de las comunidades indígenas no respetó la legislación vigente en aquel tiempo, que establecía una justa reparación con tierras de la misma calidad, lo cual no aconteció según los estudios citados y otras documentaciones, como los testimonios en la Comisión de Verdad y Justicia en Paraguay y la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil.

En Brasil, el Ministerio Público Federal presentó este año un informe donde establece que la binacional debe indemnizar a los indígenas por la inundación de sus tierras ancestrales, y relata que durante el proceso de despojo de tierras, Itaipú hizo figurar a indígenas como “extranjeros” para poder echarlos.

El documento, realizado por antropólogos, responsabiliza tanto a la Itaipú como al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) como a la Fundación Nacional del Indio (Funai) por las violaciones de los derechos indígenas. En Paraguay, la investigación de ÚH descubrió que los indígenas despojados de sus tierras por Itaipú fueron llevados a comunidades donde ya existían otros grupos, y en tierras que fueron compradas, en su mayoría, por la Iglesia Católica, hoy totalmente invadidas por el agronegocio con cultivos mecanizados y agroquímicos.

APOYO. Varias organizaciones se encuentran apoyando la lucha de los Avá Guaraní Paranaénses, que exigen desde hace años una reparación histórica a sus derechos violados durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner.

Entre estos grupos, además de Amnistía, se encuentra el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), Grupo Sunú de Acción Intercultural; la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi), órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP); la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (Fapi), Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (Ceaduc), entre otros. El pasado jueves, la bancada del Frente Guasu pidió que la Comisión Bicameral de Investigación también intervenga en este caso e investigue las denuncias publicadas por la investigación de ÚH.

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