Alquileres insalubres: Aprovechan la necesidad ante indolencia municipal

Una veintena de familias indígenas siguen habitando algunos de los tres alquileres insalubres, situados en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción.

Pese a que la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) y la Codeni de Asunción, en operativo conjunto con el Instituto Nacional del Indígena (Indi), rescataron a las familias que vivían en uno de los inquilinatos mencionados y les tras- ladaron a sus respectivas comunidades de origen, hoy esos precarios inmuebles están ocupados nuevamente por numerosos nativos. "Algunos son nuevos, otros son los mismos que estaban antes", según el relato de algunos vecinos.

Desde el Municipio capitalino, indican que pueden actuar solo sobre uno de dichos hospedajes, en virtud a que los otros dos corresponden a la jurisdicción de Lambaré. El inquilinato que está dentro del límite asunceno se encuentra sobre la calle Cedro, a media cuadra de la Avda. Fernando de la Mora. Su propietario, Agustín Rojas, tiene una peluquería en la fachada del inmueble. Allí viven al menos seis familias indígenas de la etnia Mbya Guaraní. Les cobra un alquiler de G. 400.000 por mes, de acuerdo al propio arrendatario.

Elías González, uno de los nativos que ocupa una de las precarias piezas, cuenta que allí viven tranquilos; incluso muestra orgulloso el televisor que se compró –la semana última– mediante la venta de frutas que hacen en zona de la terminal.

Ellos –dice– se encargan de mantener limpio el lugar y se sienten mejor en la ciudad que en su comunidad Lomagua, distrito de J. Eulogio Estigarribia, Departamento de Caaguazú. Allá no tienen trabajo, tierras para cultivar ni bosques para recolectar, "los menonitas agarran todo", asegura Elías.

El dueño del inmueble, a su vez, cuenta que recibió la visita de funcionarios de la SNNA y de la Codeni y se comprometió a refaccionar el baño reservado a sus inquilinos. Para ingresar a ese alquiler hay que atravesar un portón y un fresco corredor de tierra roja, flanqueada de árboles. Hay al menos ocho precarias piecitas, una al lado de la otra: las vigas del techo –la mitad de un tronco de cocotero– están visiblemente carcomidas por las termitas; además están cubiertas con retazos de chapas de eternit y otros materiales rústicos.

En peor estado se encuentran otros dos hospedajes clandestinos –sobre la calle Yvyra Pytã y otra sobre Ybapovô–, donde numerosos niños, niñas y adolescentes indígenas viven en condiciones inhumanas con sus padres.

Pagan por día G. 10.000 cada cabeza de familia. "En la campaña no hay trabajo, allá los menonitas agarran todo con la soja. Ni 10 hectáreas tiene mi comunidad", apunta Elías sobre las causas de su venida.

Las penurias que pasan allá solo se hacen más visibles acá. Pero en el interior están más desamparados. Por eso van y vienen como en una "carrera de relevos", parafraseando a Aldo Saldívar, titular del Indi.


Pimponeo entre las instituciones alarga problema
Para el director del Indi, Aldo Saldívar, corresponde a los municipios regular la situación de los alquileres insalubres. Los municipios, a su vez, no saben qué figura legal emplear para intervenir en esos establecimientos; en razón de que son propiedades privadas. Desde la Codeni creen que la Fiscalía debe actuar de oficio. "No hay ninguna legislación que a nosotros nos obligue a entrar en el negocio jurídico de arrendamiento. Es una propiedad privada y ni siquiera tenemos acceso al contrato de arrendamiento. Podemos derivar una parte a la Fiscalía, pero llamamos al Ministerio Público y dicen que con el Indi es la situación de los indígenas, eso me dijeron en la Codeni", dice Diego Rotela, asesor jurídico de la Comuna lambareña.
Desde el Municipio de Lambaré dicen no tener competencia legal en el negocio del arrendamiento. En Asunción, aguardan lo que resuelva el Juzgado de Faltas, luego de una verificación hecha al hospedaje situado en el ejido capitalino.



Hicimos acta y el Juzgado de Faltas, en estos días, tiene que devolver para ver qué decisión tomaron. Julia Benítez, de Defensa al Consumidor.
No hay ninguna legislación que nos obligue a entrar en el negocio jurídico de arrendamiento. Diego Rotela, asesor jurídico de Lambaré.

Dejá tu comentario