Indicó que esas condiciones, la normativa del Ejecutivo podría fracasar.
“Las reformas al servicio civil en muchos países han sido determinantes para reducir la corrupción. En todos los casos, han sido fruto de un amplio debate nacional y de la construcción de consensos. Una reforma al servicio civil fabricada entre cuatro paredes está condenada al fracaso”, alertó.
Núñez, junto con un grupo de ciudadanos, presentó un proyecto de ley por medio del mecanismo de iniciativa popular, que en esencia establece el bloqueo definitivo del ingreso de familiares en la función pública.
El documento ya fue entregado al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que es el primer paso que establece la ley para una iniciativa popular, y una vez publicado en la web destinada para el efecto, se recopilan las firmas de forma electrónica y manual. Una vez llegado al mínimo, el proyecto se presenta al Congreso donde los legisladores deben estudiarlo con el trámite normal.
El grupo eligió el 3 de febrero como fecha simbólica para la publicación del proyecto en la web. Núñez explicó que la ley resuelve las lagunas de la legislación actual e impone sanciones más severas a quienes la incumplen.
“Quisimos transformar la indignación de muchos en acciones propositivas que puedan resolver la ausencia de normativas y plantear sanciones para corregir un comportamiento corrupto ante la falta de orientación ética y moral de nuestros políticos”, explicó la ex candidata a la vicepresidencia.
Núñez recordó que la reglamentación de la iniciativa popular exige que el proyecto cuente con el apoyo del 1% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Permanente, que supone alrededor de 48.500 firmas. “La iniciativa popular es un mecanismo de democracia participativa que está contemplado en nuestra Constitución”, explicó.