28 mar. 2024

Alarmante recorte de rubros para la gestión de la Senad

Es preocupante lo que está haciendo la administración saliente del Poder Ejecutivo en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), al llenar el organigrama con numerosas direcciones que carecen de rubros y recursos para que el nuevo Gobierno pueda realizar cambios. En una institución que resulta clave para enfrentar los tentáculos de la narcopolítica, plantear una especie de inamovilidad administrativa es una manera de tratar de dejarla inoperante. Lo mismo sucede en varias otras dependencias estatales en las que el Gobierno saliente está procediendo a ubicar a correligionarios y amigos. Los nuevos responsables de esta Secretaría deberán ingeniarse para producir los resultados esperados por la ciudadanía.

No le resultará nada fácil al futuro ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el ex fiscal anticorrupción y ex senador Arnaldo Giuzzio, dar señales rápidas de eficiencia en el combate contra el narcotráfico, tras asumir el cargo después del próximo 15 de agosto.

Tal como él mismo lo ha revelado con preocupación, el Gobierno saliente le deja una institución superpoblada de directores y funcionarios, pero prácticamente sin recursos y con las manos atadas para poder hacer cambios o evaluar el desempeño de quienes quedarán a su cargo.

Giuzzio heredará una Senad con cinco direcciones generales (Antidrogas, Administración y Finanzas, Cooperación Internacional, Reducción de la Demanda, Asesoría General y la Dirección de Legales), y más de 35 directores a cargo de otras direcciones. En la institución existe actualmente una dirección para cada 11 funcionarios, que en total son 411, en su mayoría ya nombrados en la nómina estatal (es decir, que son prácticamente inamovibles). Si se pretende cambiar a los funcionarios de más alta confianza, estos tendrán que llevarse sus respectivos rubros al ir a otras instituciones y no existen recursos presupuestarios para sustituirlos.

En una institución que resulta clave para enfrentar los tentáculos de la narcopolítica, como lo es la Senad, plantear una especie de inamovilidad administrativa es una manera de tratar de dejarla inoperante. Ante el gran crecimiento de las organizaciones del crimen organizado y especialmente del narcotráfico, esta situación resulta preocupante y peligrosa. El Paraguay se ha vuelto un espacio de operaciones privilegiadas para poderosas organizaciones criminales brasileñas, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), con ramificaciones que llegan a estructuras políticas, judiciales y de fuerzas de seguridad, provocando trágicas consecuencias de corrupción, asesinatos y oleadas de violencia criminal.

Al tener la función de enfrentar a las organizaciones mafiosas, que manejan grandes cantidades de dinero, los funcionarios de la Senad están altamente expuestos a recibir ofertas de soborno y otras formas de corrupción, por lo cual se requiere contar con personal de alta confianza y con suficientes recursos para librar batallas en igualdad de condiciones contra el hampa. Sin embargo, según lo ha revelado el futuro titular de la secretaría en un reportaje publicado por este diario, ni siquiera se cuenta con la posibilidad de recurrir a pruebas de polígrafo para examinar a los agentes especiales y funcionarios.

Lo que ocurre en la Senad también sucede en varias otras dependencias estatales, en las que el Gobierno saliente procedió a ubicar y nombrar a correligionarios y amigos, disminuyendo las chances de operaciones de las próximas autoridades. Los nuevos responsables de la Secretaría deberán ingeniarse para romper el círculo vicioso y lograr producir los resultados esperados por la ciudadanía.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.