La debilidad de las instituciones se refleja en la incoherencia de quienes las administran coyunturalmente. Tal es el caso del TSJE, que hace apenas unos meses se jactaba de haber organizado unos comicios con muy pocas observaciones y hoy viola flagrante e impunemente la Ley 5189 del 2014.
Esa ley obliga a las instituciones del Estado a proveer a la ciudadanía información actualizada acerca de la cantidad y la identidad de sus funcionarios con sus respectivos sueldos.
Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la última vez que el TSJE puso al día su página web oficial fue en diciembre del año pasado.
Esa violación legal que ya lleva seis meses solo puede ser interpretada como un encubrimiento de nombramientos que se han hecho al margen de las normas vigentes y con criterios no de idoneidad y necesidad sino de prebendarismo político. El silencio solo puede esconder informaciones que van a provocar la reacción de la opinión pública en contra del organismo electoral.
El mensaje que envía el TSJE a la ciudadanía con esa omisión es que no le importa absolutamente el ordenamiento legal que rige al Paraguay y está por encima de él.
Esa actitud es un golpe artero a su mismo prestigio y credibilidad ya que el capital más preciado de un organismo electoral es la confiabilidad que debe mantener en todo momento. Con la transgresión que comete mancha su imagen y degrada su credibilidad al máximo. Quién puede respetar a una institución que debiendo ser la primera en acatar las leyes la viola impunemente.
La Ley de Transparencia, obtenida luego de varios años de espera y presión pese a la resistencia de los políticos que detestan los mecanismos de control ciudadano, porque están acostumbrados a apoderarse de los bienes públicos, es una conquista de la sociedad que está desconociendo de la manera más grosera el TSJE.
Si ese organismo trascendente de la vida de la República desacata lo normado, con más razón lo harán otras instituciones del Estado tales como los 12 municipios –los de Concepción, Villa del Rosario, Eugenio A. Garay, General Delgado y Mbocayaty del Yhaguy entre otros– que tampoco exhiben públicamente el listado de sus funcionarios y los sueldos que perciben.
Los responsables de la violación cometida por el TSJE son su presidente Jaime Bestard así como los ministros Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka.
Para que el país avance en todos los órdenes, es imperioso superar estos gestos del poder con nombres y apellidos que poco favor le hacen a la democracia y embarran a las instituciones demostrando una falta de respeto a la ciudadanía.
