Miércoles|26|NOVIEMBRE|2008 - soviedo@uhora.com.py
***
La escena del fiscal Arnaldo Giuzzio ingresando el lunes a la sede del Cuartel Central de Policía Nacional resultó muy significativa. No iba de visita, ni a pedir audiencia, sino para lacrar las oficinas administrativas y así preservar los documentos contables. La Fiscalía de Delitos Económicos iniciaba así una investigación de algo que siempre se sospechó y hasta tenía indicios de ser evidente: la corrupción interna en la Policía.
Si efectivamente se trata de iniciar un camino sin retorno hacia la transparencia y depuración, la acción merece el respaldo de todos los efectivos policiales que, por años, vieron pisoteados sus derechos y siguen padeciendo injusticias dentro de la propia institución. Injusticias que, en gran medida, se producen por obra de sus propias autoridades.
A lo largo de todo el periodo de transición se anunció en varias ocasiones la reestructuración y modernización de la Policía. Hubo intentos de depuración de sus cuadros; destituyeron a varios jefes y, en alguna ocasión, intentaron promover a los más idóneos y honestos. Es más, paulatinamente se fue mejorando el presupuesto policial, se adquirieron más patrulleras y actualizaron el sistema de comunicación. Pero el dinero nunca alcanzó. Periódicamente la prensa muestra las pésimas condiciones en que se desenvuelven las comisarías y la orfandad que aguarda a los agentes policiales cuando caen en desgracia.
Sin embargo, salvo figuras muy excepcionales y que duraron poco en la cúpula, las propias cabezas de la institución permitieron que se perpetuara la corrupción interior. Mientras la mayoría de los comisarios mejoran ostensiblemente su nivel de vida, sus subalternos se desmoralizan en medio de tantas carencias. Se tornan vulnerables a las tentaciones del dinero fácil que les ofrecen delincuentes de diversa calaña y, no pocas veces, a otras prácticas que riñen con la función policial. Sobre todo cuando sus propios jefes los empujan a convertirse en servidumbre multifunción de empresas privadas o en cómplices de temibles criminales.
Mientras ellos sudan y se exponen, los jefes engordan y construyen mansiones gracias a las recaudaciones paralelas provenientes de turbios negocios. De hecho, la sospecha que motivó la denuncia formulada por el ministro del Interior ante la Fiscalía es que unos 50 mil millones de guaraníes por año fueron a parar a otro destino, muy distinto a la compra de productos elementales para el funcionamiento institucional, como alimentos y combustible.
Al igual que en gran parte de los organismos públicos del país, las carencias e ineficiencias en la Policía Nacional son producto de la mala gestión y la deshonestidad vuelta cotidianidad. No son única y exclusivamente resultado de los insuficientes recursos económicos.
Por eso es muy alentador que se impulse una iniciativa como la adoptada por el ministro Rafael Filizzola. Más aún, si la real intención es desmantelar la estructura de impunidad y corrupción enraizada en la Policía. El resultado será de largo alcance si al mismo tiempo mejoran ampliamente las condiciones laborales de los hombres y las mujeres que sirven desde el organismo de seguridad pública. Una tarea necesaria en estos momentos.
Los policías honestos, que deben ser muchos, deben sentirse reconocidos en todos sus derechos, dignificados y valorados. Cuando esto deje de ser la excepción, la percepción interna y la externa del policía serán ampliamente positivas. El control civil podría contribuir enormemente en este menester, considerando que difícilmente en una institución verticalista un subalterno denuncie a su superior.
De ahí que el peor error que se puede cometer de nuevo es dejar a medio camino el proceso de transparentar la institución a la que los ciudadanos confían su protección personal y la de sus bienes.