Pequeños productores de la agricultura familiar campesina reclamaron que el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, hasta el momento no informó sobre el estado de los cultivos de cáñamo en el país. Los mismos aseguran que Friedmann no es apto para estar al frente de la institución.
Lejos de pasillos y estantes, van creciendo como flores que inundan la ciudad las ferias agroecológicas. Basadas en la solidaridad y en la colectividad, estos mercaditos aglomeran a productores y artistas, urbanos y del campo, que buscan una vida más sana y digna.
Una feria agroecológica y artesanal se realizará en la Plaza Italia de Asunción este sábado 2 de noviembre, de 8.00 a 14.00. Productores de Altos, Barrero, Acahay, Areguá, Central y Asunción ofrecerán sus mercaderías.
Unos 500 productores de papa y cebolla cierran media calzada de la ruta PY01, a la altura de Carapeguá, Departamento de Paraguarí, como medida de protesta para exigir mercado para sus productos. Afirman que ya perdieron unas 10 toneladas de sus productos.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) organiza una feria de tomates que se realizará el lunes y martes en diferentes puntos de Asunción y el Departamento Central. El producto será ofertado a G. 3.500 el kilogramo.
Ante el anuncio de la inclusión del cultivo de cáñamo a la agricultura familiar, los productores analizan los beneficios del proyecto, pero se muestran cautelosos porque no es la primera vez que llega una promesa desde el Gobierno.
A partir del decreto que autoriza la producción e industrialización controlada del cannabis industrial, se estima que 25.000 agricultores serán seleccionados para este plan en el 2020.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó este lunes el decreto reglamentario para la producción controlada de cáñamo desde el próximo año. El cultivo será parte de la agricultura familiar campesina.
Desde abril de 2020 se prevé la siembra de cáñamo para la exportación de sus semillas. Su cultivo, que estará a cargo de la agricultura familiar campesina, depende de un decreto presidencial.
Los apetecidos inmuebles fiscales son repartidos con frecuencia entre autoridades corruptas y usados para recaudar dinero con coimas. Uno de los casos más conocidos es el de San Agustín.
