“El aumento de la pena (para adolescentes infractores) por un simple populismo penal no trae cambios, sino retroceso”, explica el abogado Orlando Castillo. La propuesta de ley está en si se aprueba aumentar hasta 10 o 15 años la sanción para los jóvenes que cometen crímenes.
El planteamiento que inició en la Cámara de Senadores sigue generando debate, por un lado porque se protege la niñez y la adolescencia en otras leyes, pero se pretende aumentar las penas para aquellos infractores sin analizar su contexto de vida.
Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo de Prevención de la Tortura, que hace seguimiento a los adolescentes recluidos en los centros educativos, dijo que “el fin de la sanción en penal adolescente no es el castigo, sino educar y formar al adolescente infractor”.
Lo que se debe estar discutiendo es el sistema de protección –dice el profesional–, cómo el Estado está reforzando los sistemas para evitar que niños y adolescentes sean reclutados por el crimen organizado, precisa.
Explica que lo que se debe legislar es cómo evitar y tratar el consumo problemático de drogas, no desde el encierro, sino desde una mira terapéutica y de futuro.
“Pensar en aumentar el marco penal es la respuesta más simple y equivocada que existe y es no asumir la responsabilidad que el artículo 54 de la Constitución establece al Estado”, sostiene.
El proyecto busca modificar el artículo 207 de la Ley 1680, Código de la Niñez y Adolescencia, que tiene una medida privativa de libertad mínima de seis meses para los menores infractores, una máxima de cuatro años. Solo si el hecho cometido es considerado como crimen por el Derecho Penal común, la pena va hasta los 8 años.
Lo que se quiere cambiar ahora es aumentar esa pena máxima. En la Cámara de Diputados, a finales de setiembre, aprobaron solamente dejar a 10 años el tope, mientras que el Senado ya había sentado su postura de elevarla a 15 años.
A FAVOR. Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), que acompañó el tratamiento de esta ley, sostienen que ellos recomiendan mantener la expectativa de medida privativa de libertad de 8 años.
Sin embargo, dicen que, “de manera excepcional, ante circunstancias agravantes que evidencie una reducida posibilidad de reintegración social, la medida pueda alcanzar un máximo de diez años”.
Plantearon que se hagan revisiones anuales sobre la situación del adolescente, “que tengan por objetivo valorar su evolución y promover su proceso de rehabilitación”.
Su propuesta fue con la finalidad de “preservar el carácter especializado de las medidas aplicadas en el ámbito de la justicia juvenil, orientadas a la reinserción social del adolescente y a una vida alejada de la delincuencia”.
Por su parte, en el informe firmado por el ministro de la Niñez, se menciona que “establecer una medida privativa de libertad de quince años excede de manera considerable los plazos vigentes en los países de la región”.
EN COMISIONES. Hace unos días, la Comisión de Asuntos Constitucionales sacó dictamen aceptando las modificaciones introducidas por Diputados.
Ahora queda pendiente el tratamiento por parte de la Comisión de Legislación y Niñez y Adolescencia.
Luego deberá tratarse en la sesión del Senado la propuesta de ley, y debatir si aceptan los 10 años máximo que estableció Diputados o qué modificaciones plantean.
Exposición a estructuras delictivas “exige una respuesta legislativa”
La propuesta iniciada por el senador nacional José Oviedo se basa en que “ante el aumento del índice de criminalidad cometidos por menores de edad, por factores internos o externos, es necesario endurecer las penas respecto a los hechos punibles considerados graves”.
Se expuso que la realidad es que hay estructuras delictivas organizadas que se valen de menores de edad para la ejecución de delitos, sabiendo que estos recibirán sanciones reducidas o medidas socioeducativas leves.
“Esta situación no solo socava la autoridad del Estado, sino que también expone a los propios adolescentes a contextos de violencia, abuso y muerte”, sostiene el argumento del proyecto.
Dicha realidad “exige una respuesta legislativa firme, que respete los derechos humanos y que contemple la agravación de las sanciones”, se afirma.
