Política

Activan estudio de ley sobre tierras malhabidas en Cámara de Diputados

 

Comenzó el análisis en comisiones de la Cámara de Diputados del proyecto de ley “que crea la comisión nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”.

El proyecto, presentado por los senadores del Frente Guasu, fue aprobado en Cámara Alta, incluso con el visto bueno de Fidel Zavala, de Patria Querida, y Enrique Riera, del Partido Colorado, los principales oponentes a la revisión.

La tierra es uno de los temas de mayor confrontación entre sectores políticos e incluso es uno de los puntos condicionantes para definir alianzas opositoras para el 2023 con el progresismo.

Este proyecto dispone que la comisión esté integrada por seis senadores y seis diputados, además de un representante de la Procuraduría, el Indert, Indi, la Defensoría del Pueblo, la Corte, los Registros Públicos, Catastro y de Agrimensura del MOPC.

Se apunta además que el presidente será un senador; el vicepresidente, un diputado, y el relator, el representante de la Procuraduría. Presupuestaria y administrativamente, la comisión dependerá del Senado.

La normativa prevé, además de la revisión de los documentos, establecer los mecanismos de participación social del movimiento campesino, de lucha por la tierra y de la vivienda digna del ámbito urbano, organizaciones de derechos humanos, universidades, entre otros.

A su vez, se dispone la contratación de juristas y la elaboración de leyes para la recuperación de las tierras.

Las conclusiones serán expuestas en audiencias públicas, en un plazo máximo de un año.

Informe. En el año 2008, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), organismo creado por Ley N° 225/03 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, presentó su informe final, el cual, en su capítulo cuarto, contiene un estudio realizado que detalla las casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas que se adjudicaron ilegalmente durante el stronismo y el post-stronismo.

El estudio abarcó adjudicaciones realizadas por los diversos entes responsables de las tierras públicas entre 1954 y el año 2003, y concluyó que el 32,7% de las tierras arables del país fueron entregadas irregularmente a personas no sujetas de la reforma agraria.

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