De esta manera, los legisladores también se suman al guiño que le dio el presidente Horacio Cartes a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y su correligionaria la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez, quien seguirá manejando un promedio de cinco millones de dólares por año, recursos provenientes de la perforación de registros de conducir.
La ley contemplaba la exclusión de Opaci –oenegé de intendentes y concejales– del manejo directo de las licencias de conducir, como es en la actualidad.
Amarilla mencionó que la ley que se pretendía derogar con dicha normativa generó una movilización significativa de la ciudadanía porque se violan preceptos constitucionales, inclusive, convenciones de carácter internacional.
“Fue motivo de audiencia pública para mejorar la calidad del marco normativo, actualmente, queda en aguas de borraja”, lamentó.
Entre los argumentos del Ejecutivo para la objeción total está entre otros puntos que el proyecto de ley introduce cambios sustanciales en la estructura y organización de la Agencia Nacional de Tránsito, dejando de lado y cercenando a varias instituciones relevantes, involucradas directamente en la temática vial.