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Abogado Jorge Rolón Luna critica falta de resultados de Fiscalía de DDHH

El abogado Jorge Rolón Luna criticó este viernes que la Fiscalía de Derechos Humanos no obtuvo en toda la época democrática una sola condena por tortura. Lamentó que "la policía paraguaya tortura hasta hoy día".

Para Jorge Rolón Luna, especialista en defensa de los derechos humanos, la Policía Nacional sigue manejando viejas prácticas de tortura debido a un “autogobierno” que le concede el Estado paraguayo "dentro de un sistema corrupto".

Criticó que si hay corrupción y crimen en los agentes estatales, se debe a que existe un aval que le concede el Gobierno, que solo le obliga a responder a los grupos de élite, políticos y empresariales, a cambio de involucrarse en los asuntos de la institución policial.

“Parte de ese autogobierno es dar carta blanca a la policía para torturar”, aseguró en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM. Otra causa de desconfianza al sistema policial es también la impunidad, agregó.

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Recordó, a modo de ejemplo, que los efectivos policiales de Paraguay se ven involucrados de forma constante en hechos de corrupción y hasta en crímenes, mientras que la Fiscalía de Derechos Humanos no ha conseguido una sola condena por tortura, solo un par de imputaciones.

“Nuestro país tiene uno de los récords más pobres en materia de juicio y castigo a responsables de violaciones a los derechos humanos”, lamentó.

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Recomendó a la ciudadanía interiorizarse sobre qué hizo hasta ahora esta unidad fiscal y qué tipo de acciones desarrolla contra las denuncias de tortura.

Para Rolón, la única forma de paliar la situación es a través de la preparación académica y la correcta instrucción de los uniformados.

Lo que juzga la Corte IDH

Rolón Luna cuestionó que el Estado paraguayo y la opinión pública desinformaron a la ciudadanía, porque nunca se discutió seriamente el fondo del juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia de Juan Arrom y Anuncio Martí.

Ambos dijeron haber sido víctimas de secuestro y tortura por parte de agentes estatales en el 2002. Como indemnización, solicitan la suma de USD 50 millones cada uno.

Sobre el punto, Rolón señaló que en todo momento se criticó la conducta previa y la opción ideológica de las supuestas víctimas de secuestro y “eso no es algo que se investigue en esa sede jurisdiccional internacional, ni tampoco el secuestro de la señora María Edith Bordón”, aclaró.

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Consideró también que la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y otros integrantes de una comitiva oficial no contribuyó a aportar claridad al caso.

Dijo que la presencia estatal puede entenderse como una estrategia del Estado de desviar la atención del verdadero motivo de la audiencia de la Corte IDH.

Ambas partes, "lamentables"

Jorge Rolón Luna, quien fue durante seis años juez electoral, lamentó que en la audiencia ante la Corte IDH se pudo ver una “mediocridad generalizada de quienes intervenían”, refiriéndose a los defensores del Estado paraguayo y a los de Arrom y Martí.

“Comprender el funcionamiento del sistema interamericano requiere de, mínimo, lectura y compenetración con ese tema”, manifestó.

Apuntó que en algunos casos era ignorancia y falta de preparación, pero que en otros se trató de acciones premeditadas para desviar el tema o confundir.

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Sin embargo, destacó que los jueces que integran el tribunal internacional son profesionales muy preparados, y en Paraguay, pese a desconocer cómo actúa este órgano, se los intentó descalificar como si tuvieran un sesgo ideológico, presentándolos como jueces de izquierda.

“La Corte IDH lo único que tiene es el prestigio de sus miembros y la calidad de sus fallos, y acá se pretendió descalificarla desde el minuto cero”, destacó.

El jueves último se realizó la audiencia pública en instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de San José, de Costa Rica, por el caso Arrom y Martí. Juan Arrom fue el único de los denunciantes en comparecer, por videoconferencia, desde Curitiba, Brasil.

Durante el interrogatorio al que fue sometido entró en contradicciones, y los jueces no quedaron muy convencidos con varios argumentos, como el motivo por el que solicitan dinero al Estado paraguayo, la forma en la que actuaron los agentes estatales, y cómo fueron hallados el día de su liberación.

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