El abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente de la República, Santiago Peña, salió a responder las denuncias que apuntan al uso de pruebas de polígrafo en el entorno presidencial, ligadas a la desaparición de sobres con dinero en Mburuvicha Róga y señaladas por la oposición como un posible “abuso de poder”.
Preda, quien evadió precisar si existe una norma por escrito sobre la aplicación del polígrafo a funcionarios del Gabinete Civil, desestimó de plano que esto constituya abuso de poder y defendió el procedimiento como una práctica voluntaria sin consecuencias legales.
“El polígrafo no tiene ningún valor jurídico. La persona firma un acta de consentimiento y, si no quiere someterse, simplemente no lo hace. Nadie está obligado”, sostuvo.
El abogado también rechazó la idea de que la relación de dependencia de los empleados con el presidente convierta esa firma en un acto forzado.
“Yo no puedo creer que, por el solo hecho de que alguien trabaje bajo subordinación, cualquier documento firmado pierda validez. Decir que hubo un abuso de poder es un juicio de valor, no un hecho. Y en nuestro derecho no existe un delito que se llame abuso de poder”, remarcó.
Preda explicó que en varios casos dentro del Gabinete Civil se recurrió al polígrafo y que en todos los procedimientos hubo un acuerdo firmado de consentimiento.
“Se le consulta a la persona si quiere someterse a la prueba. Si acepta, firma. Si no, no pasa nada. Así de claro”, dijo. Se extendió y defendió que incluso en su estudio jurídico podría aplicar la prueba si consigue el consentimiento. “No hay delito cualquiera puede hacerlo” sentenció.
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En una extensa conferencia de prensa, el abogado buscó relativizar el resto de las acusaciones contra Peña, que incluyen presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
“El lavado de activos requiere un delito precedente. ¿Cuál es ese delito? Un crecimiento patrimonial no justificado no es en sí mismo un delito precedente. El presidente tenía ingresos privados como director de una entidad financiera e inversiones declaradas en bonos, acciones y empresas familiares. Eso constituye la fuente del dinero”, explicó.
Para Preda, lo que se está planteando en la denuncia es más una construcción política que un caso con sustento jurídico.
“Objetivamente, lo que hay es que personas del ámbito de seguridad aceptaron someterse al polígrafo. Todo lo demás son valoraciones”, sentenció.
