Fonseca fue apartado de la Secretaría General del MRE, donde prestaba servicio cuando en los últimos meses del año pasado se desarrollaron los exámenes del concurso y en estos momentos se encuentra a disposición de la Dirección de Recursos Humanos y está sometido a un sumario administrativo.
Su supuesta participación en el proceso de preparación de dos de las concursantes que lograron ubicarse entre los diez mejores puntuados y que, por tanto, son los que tienen derecho a acceder a las diez plazas en la Academia Diplomática, es el argumento que fundamenta la decisión del canciller, Rubén Ramírez Lezcano, de que se repitan todos los exámenes, en abril, y que participen de nuevo los 314 aspirantes. Incluyendo los diez que llegaron hasta el final y con las mejores calificaciones. La determinación se adoptó, pese a que la Unidad Anticorrupción del MRE, que realizó una investigación de las supuestas irregularidades denunciadas por otros concursantes, concluyó con archivar el caso, “dado que no se han encontrado méritos suficientes para atribuir al denunciado, Juan Tomás Fonseca, los hechos que son denunciados, conforme al análisis presentado”.
ARGUMENTOS. El abogado Améndola dice que su representado no ofició de profesor, ni organizó curso alguno para preparar a las concursantes. Sí las ayudó en la comprensión de algunos puntos en materias como Nociones Fundamentales de Derecho. Pero, aclara, no tenía acceso alguno ni a los exámenes que, de hecho, una hora antes de iniciarse la evaluación, cada profesor presenta el contenido a la escribana que registra todo el proceso. “Él nunca tuvo acceso a información alguna”, insiste. Agrega que su defendido reconoce haber ayudado de buena voluntad a las concursantes Martha Argüello y Amalia Franco, pero en función de la amistad que los une y sin recibir remuneración a cambio.
“El Ministerio dice que pudieron haber sido beneficiadas por él con información privilegiada. Si Fonseca estaba tan inmiscuido hasta en los temas de exámenes, que pudo haber filtrado a estas dos personas, entonces, ¿cómo explica que Franco hizo 70 puntos en la materia en que él la ayudó y Argüello, 73 puntos?”, plantea. Si las concursantes supuestamente tenían información privilegiada, habrían alcanzado 100 puntos”.
Améndola afirma que oficialmente no se da la versión completa del informe de la Unidad Anticorrupción. Cuenta que Renato Franco, hermano de Amalia Franco, vino de Costa Rica, donde estaba como contratado en la Embajada, para participar en el concurso, y no ingresó.
Si la hermana tenía información privilegiada, ¿por qué no le iba a dar al hermano para que también ingrese?, pregunta.
Como abogado del funcionario, Améndola afirma no comprender por qué Fonseca es involucrado en este asunto. “Ni por qué el director de la Academia Diplomática, Ricardo Scavone, dice en un tono de acusación que mi representado pudo haber filtrado información”.
La Unidad Anticorrupción del MRE concluyó que “no comprobó que el funcionario haya recibido dinero por proveer información, ni que haya tenido bajo su poder información privilegiada, ni que la haya enviado a alguien en particular”.
Sobre su participación como veedor en el XVI Concurso, dice que no existe normativa en el MRE que lo prohíba, y que la calidad de veedor no le conferiría facilidades para el acceso a información privilegiada. “Los veedores cumplen únicamente funciones de asistencia como, por ejemplo, acomodamiento de pupitres, colocación de carteles, llamado de lista, control de cédulas de identidad, entrega de hojas de control, entre otras”.
Para el abogado, el MRE “obró imprudentemente” al decidir que se vuelvan a rendir los exámenes, “porque perjudica derechos de terceros”.
