El martes, una mayoría en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso decidió que la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados sea recién el 4 de febrero para la definición del financiamiento político.
Por lo cual, y tal como lo señalaba la senadora del PDP, Desirée Masi, queda muy ajustada la fecha, ya que al mismo tiempo estará pendiente el proyecto para que la declaración jurada de bienes sea pública. El plazo para el tratamiento de este proyecto había quedado para el 6 de febrero, pero si los diputados hacen modificaciones la misma ya no podría ser implementada y de esa manera se mantendrá en vigencia que solamente con una orden judicial se pueda acceder a las declaraciones juradas.
Es así que, mientras el presidente de la República afirma con grandilocuencia que apoya la transparencia, los parlamentarios de su partido, el Partido Colorado, hacen todo lo posible para dilatar la aprobación y la aplicación de importantes proyectos como son los de control del financiamiento político y el que permitirá que las declaraciones juradas sean públicas.
Mario Abdo Benítez debe asumir de manera más integral su liderazgo, pero, sobre todo, debe bajar línea a sus correligionarios parlamentarios; con afirmar que “hay que limpiar todo” no es suficiente, la lucha por una gestión política alejada del uso de dinero sucio exige coherencia.
La clase política paraguaya, y muy particularmente la que ocupa escaños en el Congreso Nacional, debe decidir el camino a seguir, debe decidir si respalda la transparencia o la impunidad.
En seis meses más ya se realizarán las internas de los partidos políticos, con miras a las elecciones municipales a nivel país, que se desarrollarán en noviembre. Esto implica que prácticamente ya nos hemos quedado sin tiempo, y es poco probable que se puedan hacer las modificaciones necesarias a la ley de financiamiento. Es así que ya no podrán ser aplicadas en las internas de los partidos.
Políticos de todos los colores y tendencias ideológicas deben hacer el intento de reinventarse, sobre todo deben recordar que hacer política es estar al servicio de los ciudadanos, y que un cargo público es un espacio de servicio a la ciudadanía.
Y, como muchas veces repiten los expertos, es muy grande el peligro de un quiebre del Estado, si persiste la relación entre el Estado oficial y los poderes delictivos, los cuales, a su vez, tienden a erigirse en un Estado en paralelo, con potestades para imponerse por medio de la violencia.
Los proyectos de financiamiento de las campañas políticas y la declaración jurada de bienes pueden convertirse en herramientas para la transparencia, el control y la sanción en los casos de no presentación de rendición correcta de los ingresos y gastos de los candidatos durante las campañas electorales. A mayor control, menor incidencia tendrá en nuestra política el dinero sucio.
