07 feb. 2025

“600 concejales municipales están sumariados por no presentar DDJJ”

La Contraloría de la República exige la presentación de declaraciones juradas al ingreso y salida de la función pública, como elemento clave para identificar el crecimiento patrimonial irregular.

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Control. Armindo Torres habla de las falencias que tienen para realizar una efectiva labor.

Concejales municipales de todo el país encabezan la lista de morosos en la presentación de declaración jurada ante la Contraloría de la República. La entidad cuenta con 700 sumarios abiertos. El fenómeno que también alcanza a intendentes se da tras las últimas elecciones municipales del 2021. Mientras tanto, se encuentran para el examen de correspondencia por el cual se determina si existe crecimiento patrimonial irregular, unos 270 comisarios generales de frontera, además de 120 camaristas, jueces de primera instancia y fiscales. “Tenemos más de 700 sumarios abiertos, entre ellos concejales municipales, que asumieron que son aproximadamente 600, que están todos sumariados” revela Armindo Torres, director general de Control de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República.

Según la ley, los funcionarios tienen un plazo de 15 días para presentar sus DDJJ de ingreso o egreso de la función pública. Y la no presentación tiene como sanción una multa que va desde 20% del salario hasta el 100%. En este punto, enfatiza Torres “que generalmente el funcionario solicita una financiación para el pago de la sanción” y agrega que “hay gente que recurre al Tribunal de Cuentas porque no están de acuerdo con la multa y están en su legítimo derecho”. Comparte que en ese sentido, la Contraloría tiene procesos administrativos que llevan más de tres años sin resolver.

Torres resalta que la publicación de las DDJJ en el portal de la Contraloría hizo que la ciudadanía se sume como denunciante. ”La ciudadanía es contralor de sus funcionarios. Sabe qué concejal no presentó su declaración jurada. Eso ya se sabe en su barrio, en su distrito y nos llegan muchísimas denuncias. Gracias a eso mejoramos nuestro campo de acción y también con el informe de la Justicia Electoral de los cargos electivos”, dice.

Con relación a las sanciones, revela que se encuentran casos emblemáticos como el del ex presidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes, señalado, entre otras cosas, por tráfico de influencias en el caso del supuesto narcotraficante Kassem Mohamad Hijazi.

Torres refiere que Fretes no presentó DDJJ tras salir del cargo. “Su mandato feneció el 10 de marzo y no presentó por baja del cargo, hay un sumario abierto en proceso con relación a él que en estos días a fin de mes podremos concluir”, comentó. La sanción para Antonio Fretes igualmente sería administrativa y debería comprender el monto del último salario que percibió.

“La multa para Fretes sería un salario. El último salario que percibió. No tiene sanción penal la no presentación de la Declaración Jurada, lo que tiene sanción penal es el crecimiento patrimonial indebido y las omisiones que nosotros remitimos a fiscalía”, explica Torres.

El alto funcionario remarca que existen puntos a considerar para contar con mayores sanciones. “La ley anterior establecía como sanción también la inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos, con la normativa 6919 se sacó esa cuestión porque hay varias aristas que analizar, como la Ley de la Función Pública, que dice que solamente el funcionario encargado de su institución puede instruirle sumario para destituir. Tampoco está como una falta grave para el funcionario público la no presentación (de la DDJJ). Creo que esas cosas se deberían mejorar y que la Contraloría tenga la capacidad de ejecución de cobrar las multas”, señala Torres, quien explica que las multas tienen que ser debitadas por los ordenadores de gastos de cada institución y que muchas veces los pagos se realizan sin débitos. Para esos casos también existe una multa de 200 jornales para quienes permitan el pago de salarios sin el descuento.

En la pesquisa. Anualmente unos 1000 a 1500 funcionarios públicos no presentan sus DDJJ. La Dirección de Declaración Jurada se centra en el examen de correspondencia que tiene como elemento principal el análisis de la sustentabilidad de la Declaración Jurada del funcionario al ingreso a su nuevo puesto, las veces que este cambio se de con la última al abandonar el cargo. La investigación se centra en comparar ingresos totales con egresos y que estos respondan a unas finanzas justificables a la realidad del funcionario. Torres refiere que desde el 2018 la Contraloría aumentó considerablemente su capacidad de análisis, pasando de realizar unas 14 correspondencias anuales a 100 y hasta 150. Y enfatiza que siguen siendo números bajos con relación a los más de 300 mil funcionarios públicos por lo que se analizan mayormente perfiles de riesgo. “Como no tenemos tampoco la capacidad en recursos humanos, ni los recursos financieros para abarcar a los 300 mil funcionarios públicos, entonces generalmente realizamos por perfiles de riesgo los cargos más importantes para los funcionarios que están en recaudaciones y por pedido de órganos jurisdiccionales y Fiscalía. También el Congreso nos ha solicitado una lista muy importante de funcionarios que están ocupando altos cargos y el año pasado nos envió 270 comisarios generales que ocuparon cargos en frontera”, explica. Y agrega el pedido del Consejo de la Magistratura sobre 120 jueces de primera instancia, camaristas y fiscales.

Responsabilidad. En el 2022, la Contraloría remitió al Ministerio Público una legajo con 20 exámenes de correspondencia en los que se identificaban crecimiento patrimonial no justificado. Anualmente, Torres destaca que de entre el 10 al 15% de los perfiles analizados arrojan irregularidades que son derivadas a la Fiscalía. Y subraya “la regla tiene que ser que tienen que salir bien, lo normal debería ser que el funcionario no se enriquezca”.

Torres también destaca que muchas irregularidades a veces no son tales, más que desconocimiento de los funcionarios sobre consignación de bienes, y recalcó que existe el error involuntario. En tanto se debe igualmente demostrar si existe o no dolo en esa omisión de bienes. “La rectificación no sirve si se hace cuando ya se tiene un sumario. El funcionario tiene un periodo para responder sobre lo que consignó”, dice.

Tecnología. Para Armindo Torres, el camino a un mayor y eficaz control es la implementación de la Inteligencia Artificial, con la que se podría llegar a procesar datos de funcionarios en 2 minutos, como se ve en países cercanos como Chile. Comenta que la Contraloría no cuenta con nivel presupuestario para tecnología, rubro que especifica que es “nulo”, mientras realiza alianzas con instituciones. Y actualmente se encuentran en un proyecto con el Mitic, para utilizar AI en los exámenes de correspondencia. Torres recuerda que la próxima implementación de la Ley de Conflicto de Intereses sería imposible sin sustento tecnológico. La normativa buscaría establecer las relaciones de parentesco de los funcionarios que puedan sustentar redes de nepotismo o corrupción.

Tenemos más de 700 sumarios abiertos, entre ellos concejales municipales que asumieron y que son 600 aproximadamente.

270 declaraciones juradas de comisarios generales en frontera están siendo analizadas por la Contraloría.

120 jueces de primera instancia y fiscales están en examen de correspondencia de crecimiento patrimonial.

20 legajos de funcionarios públicos fueron remitidos a la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito.

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