Política

26 altos directivos de binacionales ganan más que el titular del Ejecutivo

El Estado asume muy elevados salarios de funcionarios, sobre todo en Itaipú y Yacyretá, que podrían ser afectados si prospera el proyecto de ley para reducir gastos superfluos y fija límites.

Si se establecieran topes salariales en todas las instituciones estatales, como se plantea en el proyecto de racionalización del gasto público, que tiene como parámetro la remuneración del presidente de la República, 26 altas autoridades de las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá dejarían de percibir aquellas jugosas y polémicas cifras que son con frecuencias utilizadas como botín político.

El director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete, gana mensualmente G. 106.871.738, mientras que el de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, percibe G. 90.260.153.

Ante estas onerosas sumas y otros despilfarros del dinero público, el senador cartista Sergio Godoy presentó el proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias; prohíbe y limita el nombramiento o contratación de parientes y asesores en la función pública, fija topes salariales para las autoridades de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.

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La propuesta establece que ningún funcionario, de los tres poderes del Estado, podrá recibir una remuneración superior a la asignada al presidente de la República, en este caso, Mario Abdo Benítez, quien cobra mensualmente casi G. 38 millones, entre salario y gastos de representación.

El objetivo de la norma es reducir los gastos contemplados en el Presupuesto General de la Nación y disminuir las largas distancias salariales entre las autoridades públicas y el trabajador del sector privado. Además de utilizar el dinero del Estado en salud y educación.

Entre otras regulaciones del gasto contempladas por la ley, se establece eliminar el servicio de telefonía celular para funcionarios y autoridades de rango superior, cupos de combustible para autoridades de rango superior; gastos del rubro compra de alimentos, bebidas, arreglos florales y tarjetas de invitación para recepciones, eventos o felicitaciones. Se exceptúan capacitaciones profesionales del funcionariado, así como los actos oficiales por fiestas patrias, toma de posesión de mandos y recepción de autoridades extranjeras.

Otro gasto a prescindir es la publicidad estatal, incluyendo de las binacionales, en medios masivos de comunicación, redes sociales y cualquier otra forma de expresión audiovisual, excepto en situaciones de emergencias para lo que se necesite dar aviso.

El planteamiento establece que los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no podrán exceder a seis y la autoridad no podrá contratar a ningún familiar en la institución a su cargo.

A excepción del presidente de la República, las autoridades podrán contratar hasta tres asesores.

Ningún funcionario ni autoridad podrá realizar más de dos viajes por año fuera del país, y la delegación no superará tres integrantes. Este punto no afecta al presidente.

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