25 abr. 2024

25 años cumpliendo eficazmente con el mandato constitucional de custodiar la voluntad popular

La máxima instancia electoral del país celebra un cuarto de siglo de vida institucional abocada a la implementación de la reforma electoral.

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El TSJE celebra 25 años de vida institucional.

Foto: Gentileza

La Justicia Electoral, concebida por la Constitución Nacional de 1992 como un órgano autónomo, especializado en elecciones y sus derivaciones, entró en vigencia con la Ley 635/95, promulgada el 22 de agosto de 1995, la cual dispuso su funcionalidad y estructura orgánica, en la que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es la autoridad suprema en materia electoral.

Los primeros integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fueron Alberto Ramírez Zambonini, Expedito Rojas y Carlos Mojoli. Actualmente está integrado por los ministros Jaime José Bestard Duschek, quien ocupa la presidencia del alto Tribunal Electoral; la vicepresidencia, Alberto Ramírez Zambonini, quien igualmente cumple 25 años en sus funciones, y María Elena Wapenka Galeano como miembro.

En este cuarto de siglo se rememoran los hechos más importantes que hicieron posible el afianzamiento de la credibilidad institucional, fiel a su misión de custodiar la voluntad popular.

Una de las principales grandes tareas llevadas adelante por la Justicia Electoral fue la renovación total del Registro Cívico Permanente, por imperio de la Ley 772/95, con una consistencia del 98% que, con el transcurrir de los años, se mantiene invariable, mediante la actualización y depuración constante del padrón electoral.

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Cabe señalar además que las elecciones municipales del año 1996 fueron las primeras llevadas adelante exitosamente como Justicia Electoral, con un porcentaje de participación del 83,31% del electorado. Con el mismo nivel organizativo y resultados incuestionables se desarrollaron las elecciones municipales de los años 2001, 2006, 2010 y 2015, respectivamente.

Las elecciones generales de los años 1998, 2003, 2008, 2013 y 2018 han sido cuidadosa y anticipadamente calendarizadas. En cada una de ellas se evidenció el alto nivel profesional de la institución electoral en la organización de comicios libres, transparentes y equitativos, recibiendo el reconocimiento nacional e internacional.

Otro hito destacable constituye el desarrollo y utilización del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuyo software fue elaborado íntegramente por funcionarios informáticos de la Institución, que permite conocer oficiosamente los resultados, con rapidez y exactitud, constituyéndose como pionera de la región en la instalación y utilización de dicho sistema.

Para el cumplimiento de sus fines, la Justicia Electoral cuenta con 10 Tribunales y 17 Juzgados Electorales en las distintas circunscripciones judiciales de la República. Asimismo, ejerce la administración conjunta del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y la Dirección General del Registro del Estado Civil, acorde con lo dispuesto en los artículos 29 y 88 de la Ley 635/1995.

Igualmente, cuenta con Oficinas del Registro Electoral en cada distrito del país, las que tienen como función principal mantener actualizado el Registro Cívico Permanente y brindar asistencia técnica a las organizaciones intermedias, constituyéndose además en sedes medulares de la logística que conlleva la organización de procesos electorales.

Hoy la Justicia Electoral enfrenta un gran desafío: la implementación en las próximas elecciones municipales de la reforma electoral que incorpora el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales y establece la obligatoriedad de la utilización de máquinas de votación electrónicas en el 100% de las mesas electorales del país, con el firme compromiso de seguir custodiando la voluntad popular, garantizando al elector el voto secreto, escrutinio público y fiscalizado, de tal forma a seguir consolidándose como una Institución íntegra, transparente, de primer nivel, altamente eficiente y con recursos humanos reconocidos por su capacidad y vocación de servicio, asegurando a la ciudadanía el derecho al sufragio, con la convicción firme de que el fortalecimiento de la democracia está en nuestras manos.

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