La sorpresa de una pandemia inesperada, la urgencia de las medidas y el desconocimiento e incertidumbre impusieron un contexto muy poco propicio para diseñar e implementar medidas con un sector público sin sistemas de salud y protección social funcionando y con vacíos importantes de políticas públicas relacionadas al ámbito económico/productivo, como en el caso del fomento al empleo y a las mipymes.
A esta situación se agrega la permeabilidad de la corrupción y la impunidad, cuyos responsables fueron mucho más rápidos en reaccionar que los funcionarios públicos a cargo de las políticas anteriores, lo que le dio una impronta sumamente negativa a la institucionalidad, profundizando la desconfianza y el malestar ciudadano que ya existía antes de la llegada del coronavirus.
El 2021 es una oportunidad para que el sector público evalúe las medidas coyunturales, saque lecciones aprendidas y convierta en estructurales y permanentes aquellas que funcionaron bien de manera a no perder las ganancias del esfuerzo realizado.
El sistema de Salud debe continuar siendo fortalecido hasta lograr una cobertura universal y gratuita. Ello requerirá un importante consenso en mecanismos de integración, tanto de los servicios como de las fuentes de financiamiento, y un mayor esfuerzo fiscal.
Definitivamente, el empleo debe ser un objetivo primordial. Sin políticas que mejoren la empleabilidad, garanticen el cumplimiento de las normas laborales, incorporen desde temprana edad a la seguridad social y aumenten la productividad de las mipymes como principales generadoras de empleo, no habrá avances en el bienestar de la población y mucho menos reducción de la pobreza.
No hay ninguna posibilidad de desarrollo con 65% de empleo informal y 25% de la población en situación de pobreza, la mayoría niños, niñas y adolescentes.
La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es impostergable. La eficiencia y la calidad de las políticas públicas dependen de reducir al mínimo las filtraciones. Este objetivo es condición imprescindible para el desarrollo por razones económicas y políticas. Sin confianza de la ciudadanía en las instituciones, el conflicto y la ingobernabilidad ponen límites a la posibilidad de consenso y se genera un círculo vicioso del cual es difícil salir.
En lugar de transitar hacia el desarrollo, nos pondremos en la ruta de un Estado fallido. Es de suponer que las autoridades actuales –sean políticas o funcionarios de carrera– no querrían ser recordados en el futuro como quienes terminaron endeudando al país para mantener las cosas como estaban antes. La gestión 2021 será una prueba de fuego para iniciar una profunda transformación.
