Requisaron celulares del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, del narco colombiano Marcelo Díaz Vélez y del pedrojuanino Waldemar Pereira, alias Cachorrão.
Dedicamos nuestra columna de la semana pasada a este último personaje acusado de mandar matar a un periodista, pero libre gracias a la benevolencia y distracción de un tribunal de frontera, la Fiscalía, la Interpol y la Policía Nacional.
Los allanamientos ocurrieron hace seis meses y, desde entonces, no hubo noticias relevantes. Hasta que el senador Pedro Arturo Santacruz hizo público el escandaloso contrato privado de 368.000 dólares entre Amílcar Fretes, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y un familiar de Hijazi para evitar su extradición a los Estados Unidos. El senador dio a entender que este documento estaba en el teléfono del preso y que los fiscales lo conocieron desde el primer momento y no abrieron ninguna investigación fiscal.
Se afirma que en ese celular incautado estaban no solo las fotos del contrato firmado, sino incluso mensajes de amedrentamiento enviados por Hijazi al hijo del ministro Antonio Fretes.
Esta noticia le explotó en la cara al Ministerio Público. No hubo tiempo de orquestar un discurso único. Por eso, ocurrieron tantas contradicciones. El fiscal Lorenzo Lezcano dijo que la fiscala general Sandra Quiñónez le ordenó entregar las evidencias al adjunto Marco Alcaraz, pero este lo desmintió. También aseguraron que se informó de la incautación del celular al fiscal Manuel Doldán, pero luego este aclaró que no era cierto y que no tendría por qué recibir ningún material por no ser parte del equipo de crimen organizado.
Finalmente, Lorenzo Lezcano declaró: “creo que se entregó a la DEA”. Dijo desconocer si el Ministerio Público guardó un respaldo del celular. Tampoco sabía por qué no pidieron extracción de datos. Uno se pregunta en qué queda nuestra soberanía jurídica si el teléfono celular fue enviado a los Estados Unidos sin que ningún juez paraguayo intervenga. No sé, me parece raro.
A no ser que no sea cierto. Porque en esta historia, nos toman del pelo.
Veamos, deberíamos creer que:
a) el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia firmó un contrato privado por un monto estrafalariamente alto y con objetivos claramente ligados a tráfico de influencias sin que el padre esté enterado,
b) que los fiscales que incautaron el celular de Hijazi no encontraron el dichoso contrato y, por tanto, no sabían de su existencia,
c) que, seis meses después, el Ministerio Público sigue intentando desencriptar ese teléfono y que todo es lento “porque hay comunicaciones en otros idiomas”.
Es más lógico pensar que tuvieron el documento en sus manos desde el primer día. Y se lo hicieron saber al ministro Antonio Fretes, a quien desde entonces lo tendrían a sus pies. Eso quizás haya arruinado el negocio, por lo cual el viaje de Hijazi a Estados Unidos en junio fue inexorable. Y quizás eso explique aquella insólita desautorización del presidente de la Corte a quienes invocaban indebidamente su nombre, “incluyendo a sus hijos”. Ahora tiene sentido.
¡Qué feo luce esto! Investigaban a los autores morales del asesinato de un fiscal compatriota. Parece que había mucha gente que conocía este miserable contrato. Pero no investigaron con seriedad. Trataron de sacarle provecho político, mientras juraban buscar al asesino de su amigo, el fiscal Pecci.
