De hecho, bajo el tema “Cerrando la brecha. No dejar a nadie, ni ningún lugar, atrás”, se recordó el lunes el Día Mundial del Hábitat.
De acuerdo con las Naciones Unidas, la urbanización continúa siendo una “poderosa megatendencia del siglo XXI”, y en ese sentido, apela a políticas correctas para tener un futuro urbano más inclusivo, más verde, más seguro y más saludable.
En una forma más amplia se pueden entender estos parámetros con la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de los servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, así como asequibilidad, adecuación cultural, acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo, lo que en Paraguay sigue siendo una deuda histórica, refiere el informe 2021 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
La falta de regularización de tierras es uno de los obstáculos para acceder a una vivienda digna, pero contrariamente a perseguir esta meta, persisten los desalojos forzosos y abandono a las poblaciones vulnerables.
En cambio, el boom inmobiliario a través de las empresas privadas se mantiene firme y con limitadas regulaciones que posibilitan las especulaciones en el mercado.
Por ejemplo, se están realizando loteamientos para urbanizaciones en zonas productivas del Departamento Central provocando dos fenómenos; por un lado, el achicamiento de la superficie destinada a la producción de hortalizas y, por el otro, la construcción de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de acceso a servicios básicos, como transporte público o agua potable, entre otros.
Si hablamos solo de Asunción, el contraste que se puede ver en la ciudad es una bofetada. Por una parte, lujosos edificios vacíos, algunos bajo sospechas de lavado de dinero, y por otra, viviendas precarias e inundables en la ribera del río. Así también, la falta de opciones acordes con el poder adquisitivo para acceder a una vivienda propia empuja hacia la demanda de los alquileres, que su vez representan altos precios que absorben más de la mitad de un salario mínimo, sin siquiera garantizar los parámetros de dignidad, hechos que denunció hace años la Campaña por una Ley de Alquileres, que desafortunadamente fue censurada por grupos empresariales dedicados al rubro inmobiliario y que atacan cualquier intención de regulación.
Aunque desde el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) se habilitaron subsidios estatales para atender esta carencia, la demanda de la población más vulnerable es tan alta, que cualquier cupo es insuficiente. Se supone que el Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonavis), que administra el MUVH, acompaña la línea de trabajo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene como pilares el fin de la pobreza, reducción de las desigualdades, así como ciudades y comunidades sostenibles; no obstante, el presupuesto para las viviendas sociales fue disminuyendo gradualmente.
En el 2020 se aprobó un presupuesto inicial de G. 125.714 millones para transferir al Fonavis, monto que al año siguiente tuvo un recorte de más de G. 7.000 millones; en el 2022 se contó con G. 104.880 millones para los subsidios habitacionales, en tanto que para el 2023 se presupuestaron G. 90.189 millones. Es decir, en menos de cinco años los fondos sufrieron una reducción de casi 30%.
Estos recortes se experimentan a pesar de las perspectivas del propio Gobierno en cuanto al crecimiento del déficit habitacional para los siguientes 10 años, periodo en que se requerirá de al menos USD 6,4 millones para atender hasta el 60% de las necesidades.
