El ministro del Interior, Federico González, confirmó ayer que existen documentaciones que demuestran que el capo narco y líder del grupo criminal fronterizo Primer Comando Capital (PCC), Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, logró obtener su nacionalidad paraguaya mediante una orden judicial.
También refirió que dicha operación de nacionalización estaba siendo investigada por el fiscal asesinado Marcelo Pecci, por pedido realizado por la Justicia brasileña.
Los documentos hacen referencia a que el supuesto capo narco consiguió la nacionalidad paraguaya mediante una orden judicial del 2016, dictada por el juez Carlos Alvarenga, quien actualmente integra un Tribunal de Apelación de Amambay.
Al juez Alvarenga se lo vinculó con la organización de Minotauro en una investigación realizada por el Ministerio Público Federal del Brasil. Las informaciones señalaban que el magistrado tenía conversaciones con la pareja del supuesto líder del PCC, María Cabral, mediante la aplicación de mensajería de WhatsApp y correos electrónicos, aunque no se abrió un proceso formal.
Los documentos refieren que el criminal brasileño obtuvo la documentación paraguaya bajo el nombre de Celso Matos Espínola, y en los escritos declara falsamente que su padre es de nacionalidad paraguaya.
Minotauro está condenado a 40 años de prisión en el Brasil y en nuestro país es el principal sospechoso del asesinato de la abogada Laura Casuso, y de otras personas del círculo cercano del también capo narco Jarvis Chimenes Pavão, para liderar la zona de triple frontera.
Posponen audiencia
Para el 20 de febrero del 2023 quedó pospuesta la audiencia preparatoria de Francisco Luis Correa, que estaba programada para ayer, en la causa del crimen del fiscal Marcelo Pecci.
Esta quedó suspendida porque el defensor del acusado pidió más tiempo para revisar todos los documentos y así preparar la defensa. El hombre habría contratado a los sicarios.
Vocero de familia Pecci tilda de insulto el contrato Hijazi-Fretes
Sebastián Acha, vocero de la familia del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia, consideró como un insulto el contrato firmado entre el abogado Amílcar Fretes y el libanés Kassem Mohamad Hijazi para que este obtenga “una salida jurídica” y que no sea extraditado.
Justamente el fiscal Pecci había cooperado con Estados Unidos en la detención de Hijazi en nuestro país para su extradición.
“Mientras él estaba tratando de extraditarlo, el hijo del presidente de la Corte (Amílcar Fretes) le estaba ofreciendo una traba a esa extradición... Es un insulto que el hijo del presidente (de la Corte) le esté ofreciendo una salida a la extradición a una persona que está siendo investigada por uno de los mejores fiscales del Paraguay”, afirmó Acha.
Tanto Fretes como Hijazi habían acordado un pago de USD 368.000 para dar una salida procesal.
El llamativo contrato, que salió a luz hace unos días, se había firmado ya en setiembre del 2021, cuando Kassem ya estaba preso en nuestro país –por orden del fiscal Pecci–, esperando su proceso de extradición.
Según trascendidos, ese documento había sido incautado por la Fiscalía en una requisa, en mayo de este año, dos días después de la muerte de Pecci. Sin embargo, fiscales informaron que solo incautaron celulares y que desconocían dicho papel.
INVESTIGAN. Hoy hay una carpeta abierta por parte del Ministerio Público para investigar ese contrato.
Las fiscalas asignadas a investigar dicha vinculación son las agentes Luz Guerrero, Natalia Silva y María Luján Estigarribia.
