Lo que nos ha sucedido ha sido muy grave. Es que han dejado quemar buena parte de lo poco que todavía podíamos enorgullecernos: la rapidez con la que éramos capaces de dar a conocer quién ganó la elección y que esos resultados hayan sido, por lo general, poco discutidos.
El trauma que arrastraba la generación de compatriotas que vivió la larga saga de elecciones fraudulentas del stronismo convirtió en objetivo superior de la transición tener elecciones libres, limpias y transparentes. Fue hacia allí donde más se avanzó en los años siguientes a la caída del dictador.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral, con inédita participación política plural, y la novedosa legislación desarrollada en ese campo, consolidaron un sistema que se volvió rápido y creíble.
En agosto del año 2000, el Tribunal Electoral pasó sin problemas su prueba de fuego.
Hubo elecciones para llenar el cargo de vicepresidente, que fueron ganadas por primera vez por un liberal, Yoyito Franco, por menos de diez mil votos. Pese a que la diferencia con el candidato colorado había sido menor al 1%, la población se fue a dormir esa noche como si estuviera tan acostumbrada a esas cosas como la escandinava.
En los años siguientes llegamos a creer que la democracia consistía solo en votar, mientras seguíamos vanagloriándonos de nuestro conteo rápido, nuestras urnas electrónicas, nuestro Tribunal Electoral cada vez más rechoncho de funcionarios tan ociosos como multicolores. Al fin y al cabo, era una de las cosas que todavía funcionaban en una democracia que cada día era más chancha, más tramposa, más perversa.
Las democracias necesitan una doble legitimidad.
En primer lugar, la de origen, la otorgada por el voto popular. Y, en segundo lugar, el de la gestión pública, el del Estado ofreciendo servicios que permitan un Estado de bienestar.
Nuestra democracia es calificada de mala calidad porque, en general, solo podía vanagloriarse de otorgar la primera y fracasar en la segunda. Puse “podía”, porque desde las últimas elecciones nacionales del 2018, hasta la confianza en el Tribunal Superior de Justicia Electoral se ha derrumbado.
En ese sentido, son llamativos los datos de Latinobarómetro, consolidados en su cuenta de Twitter por Marcos Pérez Talía y que recomiendo a los interesados.
Las primeras reacciones ante las imágenes del enorme incendio ocurrido en el depósito del Tribunal Electoral en el que se encontraban las máquinas de votación demuestran el alto nivel de suspicacia ambiental. Lo primero que vino a la mente de muchos fue la posibilidad de un sabotaje. Además, ocurrieron dos cosas.
Desde el exterior, el ministro Jorge Bogarín no descartó que el incendio haya sido intencional. Y, desde aquí, el ministro Jaime Bestard anunció la posibilidad de desdoblar las elecciones internas de diciembre.
Como esta circunstancia solo beneficiaría a algún sector colorado que podría enviar a sus afiliados a votar e incidir en las elecciones —a padrón abierto— de la Concertación, la desconfianza creció justificadamente. Al día siguiente, las aguas parecieron calmarse, pero el daño ya estaba hecho.
Aun cuando se demuestre que no hubo intencionalidad, el Tribunal Superior de Justicia Electoral no estuvo a la altura de las circunstancias. Los partidos políticos —beneficiados por los sueldos a miles de sus operadores— nunca le negaron presupuesto.
Deberían haber custodiado mucho mejor lo que nos quedaba de valioso. Queda el inmenso desafío de reconstruir la confianza en la institución electoral paraguaya.
Si pudo hacerse antes, se podrá de nuevo.