La ampliación de más de 20.000 millones de guaraníes para uso en aumento de salarios de funcionarios y gastos corrientes por parte del Congreso, aparte de afectar las finanzas públicas, podría contribuir a que el país llegue a caer en default, según apuntó ayer el economista Amílcar Ferreira.
Diputados y Senadores desoyeron la lluvia de críticas ciudadanas y ratificaron la sanción de ampliación presupuestaria de G. 20.355.410.837 para ambas cámaras del Congreso que había sido vetada por el Poder Ejecutivo.
La mayor parte de estos recursos serán destinados a aumentos salariales de funcionarios pese a que Hacienda advirtió que no existen recursos para su cumplimiento. El Ejecutivo ahora no tiene otra salida que promulgar la cuestionada ley de ampliación presupuestaria.
En su análisis, Ferreira dijo que esto se inscribe en una de las tantas solicitudes de aumentos que, como bien lo dijo el ministro de Hacienda, “ponen en riesgo las finanzas públicas el próximo año”.
Lamentó que haya aún muchos políticos que de manera irresponsable acompañan este tipo de leyes que afectan a la economía en un periodo electoral.
“Creo que es muy peligroso, digamos, estar nomás otorgando ligeramente aumentos cuando el Fisco arrastra un déficit fiscal del orden del tres por ciento. Hay que ser responsables y muy prudentes en este tipo de cosas y más en un año difícil con toda la población afectada por la inflación”, sentenció.
En particular, consideró que se está dando una suerte de populismo con el Presupuesto a partir de aumentos que van más allá de lo que el Ministerio de Hacienda puede cumplir.
Ferreira dijo que es difícil saber de dónde va a sacar Hacienda recursos que no tiene y no hay forma de dónde conseguir. “Es por este camino que los países caen en default. Tenemos muchos ejemplos en la región, razón por la cual debemos ser muy prudentes en este tipo de cosas”, remarcó.
Insistió categóricamente en que no están dadas las condiciones de las finanzas públicas para sostener este tipo de ampliaciones de gastos. “Arrastramos un déficit fiscal del tres por ciento del PIB y creo que en estos casos se deben más bien postergar los aumentos porque las condiciones no están dadas”, puntualizó.
El nombrado economista dijo que lo correcto es hacerle caso al Ministerio de Hacienda, que es la instancia mejor capacitada para evaluar los aumentos de gastos. “No se puede andar forzando la ejecución presupuestaria y exponer al Estado a la situación de posible incumplimiento, en medio de un importante déficit fiscal que requiere de mucho esfuerzo y sacrificio reducir”, enfatizó.
