Inicialmente fue denunciado por acoso sexual, pero la Fiscalía decidió imputarlo además por coacción y coacción sexual luego de tomar el testimonio de seis víctimas, de esta manera, se expone a 10 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. En las investigaciones preliminares se detectaron casos de violencia sistemática incluso durante más de cinco años, periodo en que las trabajadoras sufrieron un verdadero calvario; no es coincidencia que las amenazas y agresiones fueran dirigidas especialmente hacia mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad; formaba parte de su metódico comportamiento.
Tras la audiencia que se realizó esta semana, el juez Julián López rechazó el pedido de la defensa de seguir el proceso con un arresto domiciliario bajo una fianza de G. 600 millones, pues las informaciones preliminares y el peligro de fuga lo llevaron a ratificar la prisión preventiva.
A partir de ahora el Ministerio Público deberá profundizar su investigación para confirmar las causas y pedir el juicio oral, lo que sentaría un precedente para los casos de violencia sexual en los medios de comunicación. Es la primera noticia esperanzadora para quienes buscan justicia, pues paralelamente esta lucha implicó una feroz persecución a las trabajadoras de Albavisión que acompañaron a las víctimas con protestas frente al canal y colaboraron con sus testimonios en el sumario administrativo y la pesquisa fiscal.
Esta medida contra un agresor sexual que por años atentó contra la dignidad de las trabajadoras en su propia oficina, significa en principio un gran paso para el reconocimiento de la importancia que tienen las denuncias de violencia sexual para el sistema de Justicia. Las seis víctimas quizás puedan recobrar la energía que demanda la burocracia judicial, pero es también un acontecimiento aleccionador para quienes estén cometiendo este tipo de hechos punibles o para quienes lo encubran.
La fiscala del caso, Nilda Silva, no descartó imputaciones de otras personas que pudieran estar involucradas, dependerá del análisis exhaustivo de cada uno de los testimonios. Las sospechas llevan a que pudo haber complicidad de otros trabajadores o trabajadoras, entendiendo que el comportamiento de Granada era sistemático y es poco probable que durante años nadie haya intervenido aludiendo desconocimiento.
Además de la multinacional de comunicación, tiene gran responsabilidad en estos hechos el Ministerio de Trabajo, que no fiscaliza el cumplimiento de la Resolución N° 388, que establece un protocolo de acción para las denuncias de violencia laboral y sexual en las empresas e instituciones estatales. Además, a pesar de haber tenido conocimiento de estos casos puntuales, no intervino en la empresa, facilitando así la desvinculación irregular de cuatro trabajadoras que apoyaron a las víctimas, así como la instalación del miedo en el ambiente laboral, sumada a las precarización del trabajo periodístico que persiste en el lugar.
Acoso sexual. La persecución fiscal en las denuncias de acoso no es suficiente si el Poder Judicial no acompaña de la misma manera. El caso de Alexa, quien fue víctima del sacerdote Silvestre Olmedo, hizo historia no solo por la sanción a este tipo de violencia, sino además por la condena de un religioso que goza del apoyo de la Iglesia Católica, una de las instituciones más poderosas del país. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia sigue sin confirmar la condena en medio de un peligro de extinción de la causa, que sentaría un pésimo precedente que puede desalentar a las mujeres a presentar denuncias en casos similares.
