El anuncio de que una mujer embarazada contrajo zika y que su feto podría verse afectado por las enfermedades propias de este mal, como por ejemplo la microcefalia, ha causado justa preocupación entre la población. Ante este hecho hay dos perspectivas que deben ser abordadas con seriedad.
La primera de ellas es que el Gobierno debe impulsar masivas campañas de concienciación para combatir al mosquito Aedes aegypti, que es el vector que transmite las tres enfermedades. La ciudadanía, por otra parte, debe colaborar en la indispensable tarea de mantener debidamente aseadas y libre de criaderos de larvas sus respectivas propiedades, ya sea en residencias, departamentos o en terrenos no construidos.
Si en lo que va del año ya se registraron varias muertes a consecuencia del dengue y si el número de afectados por este mal se cuenta por centenares y miles, deberíamos temer lo peor; es decir, que el zika continúe su nefasto y pernicioso avance, poniendo en riesgo la salud de la población y, sobre todo, de las mujeres embarazadas.
En este sentido hay que considerar la segunda perspectiva en relación a la lucha contra el zika. Dado que la enfermedad se podría contagiar mediante las relaciones sexuales entre los individuos, y que los fetos son las víctimas en las que más se ceba el mal, es necesario reclamar al MSP que, de una vez por todas, sin falsos complejos ni dogmatismos ideológicos o religiosos de ninguna índole, delinee y ponga en práctica una verdadera política pública de salud sexual y reproductiva.
Los matrimonios y/o las parejas de hecho deben tener la opción, promovida diligentemente desde el propio Estado, de conocer y adoptar los planes de control de la natalidad y planificación familiar que, en este momento de emergencia, les permita decidir de manera madura y responsable si están dispuestos a asumir el riesgo de generar un embarazo.
Sea a través de métodos naturales o artificiales –la eficacia del preservativo está comprobada de manera científica– hombres y mujeres deben contar con las armas apropiadas para decidir si, en las condiciones actuales, asumirían el riesgo de traer una nueva vida al mundo. Esta política pública de salud sexual y reproductiva debe ser implementada, tal vez con más urgencia que nunca, en aquellos lugares donde, por las circunstancias climatológicas existentes, hay importantes desplazamientos humanos que favorecen situaciones que revisten una particular promiscuidad.
Dado el rezago y los prejuicios existentes en el Estado en esta materia, es menester formular un llamado al Gobierno en pos de la preservación de la salud sexual y reproductiva de la población paraguaya en su conjunto.
