El año pasado, la diputada María Carísimo había presentado una moción sobre tablas en la Cámara Baja donde pedía informes a varias instituciones del Estado sobre la situación laboral de los concejales municipales, entre ellos, se refería a Itaipú y Yacyretá.
La EBY fue consultada sobre la situación de Jorge Elías Duarte Mendoza y Eduardo Ramón Villalba Agüero, que eran concejales municipales de Ayolas y a la vez funcionarios de la binacional.
Igualmente, se indagó sobre la situación laboral de Fernando Fermín Báez, quien es concejal de Lambaré y a la vez funcionario de la hidroeléctrica.
El fallo del Máximo Tribunal hizo lugar a la excepción de inconstitucionalidad, que declaró contrario a la Ley Suprema el artículo 2 de la Ley 700/96 que dice que los empleados de las binacionales eran funcionarios públicos.
Alega que ellos no lo son, con lo que también favorece a la EBY.