Refirió que se demostró que se trataba de tierras del Indert, y que hace treinta años que las familias desalojadas estaban asentadas en la zona.
Habló de documentos fraguados, y comentó algunos detalles, de acuerdo con las denuncias que iba recibiendo. Sugirió a sus colegas ir hasta el lugar. “No tenemos ninguna seguridad. Los que están seguros son los brasileños que falsificaron los documentos. Estamos impotentes, desesperados”, dijo, y lloró.
El Senado aprobó una resolución en la que se repudió el procedimiento policial.