“Antes uno iba a pescar y temía llegar hasta el caño porque sabía que la senda desde la carretera estaba minada”, resume a Efe Raúl Rojas, habitante del caserío de Santa Helena, en el departamento del Meta (centro).
Esa pequeña aldea, como las que la circundan, sufrió los embates del conflicto armado con dureza durante décadas y allí las FARC sembraron minas con las que intentaban frenar el avance de los militares.
Se convirtió entonces en una zona “de alto impacto”, uno de esos puntos de la geografía colombiana, el segundo país con más minas del mundo, donde la vida no la condicionaba el clima o los ciclos agrícolas, sino los explosivos y la guerra.
El fin de ese conflicto les da ahora una nueva oportunidad de vida a los habitantes de Santa Helena, que forma parte del municipio de Mesetas, en el interior de los Llanos Orientales.
Ya durante los diálogos de paz, el Gobierno y las FARC pusieron en marcha un proyecto piloto para el desminado humanitario del país que comenzó en dos aldeas, una de ellas Santa Helena.
Desde entonces trabajaron juntos los antiguos enemigos, militares y guerrilleros, para limpiar más de 20.000 metros cuadrados de tierras en las que se sospechaba que podría haber minas, todo eso en un país donde se teme que haya ese tipo de explosivos en 52 millones de metros cuadrados.
“Antes no se podía entrar a (las zonas de) rastrojo porque parecía que se le iba a caer la mina. Le decía a los niños ‘no salga por ahí’, por el temor de que hubiera más”, relata Rojas.
Este campesino que tenía que cultivar en donde sabía a ciencia cierta que no había explosivos, recuerda especialmente una ocasión en que las FARC pusieron una mina en una cancha de fútbol y “explotó sola” minutos antes de que los niños se pusieran a jugar en ella, lo que les salvó de una tragedia.
Cuando algo así sucedía, habitualmente porque el ganado o los animales domésticos pisaban una mina, los vecinos abandonaban el área, lo que suponía que se parase “no sólo la producción agrícola, sino el desarrollo en sí de una región y de una comunidad”, comentó a Efe John, habitante del vecino pueblo de El Cairo.
“Cada uno lo lleva a su manera, pero el pensamiento primero es que está en riesgo la vida propia”, resume.
Entre sus temores no solo está perder la vida, sino también la de quienes le visitaban, sus animales y, especialmente, los niños, los más indefensos en un área minada.
“Ese es el temor permanente que vive en la mente del ser humano”, subraya.
Para ayudar a sus vecinos, la Junta de Acción Comunal (JAC) de Santa Helena colocó carteles con indicaciones para aprender a vivir en una región donde las minas fueron parte de la vida cotidiana.
Casi todas esas medidas apelan al sentido común -ese que no asistió a quienes las sembraron- como no adentrarse en zonas remotas, salir de los caminos o llevar un teléfono con el que avisar en caso de accidente.
Sin embargo, cuando se consulta a los vecinos acerca de las medidas que tomaban para evitar accidentes se encogen de hombros, el grito más contundente contra esos explosivos, el gesto con el que quieren decir que ser víctima de las minas es apenas una lotería para unos campesinos a quienes el Estado y la institucionalidad les parecen algo lejano.
La nueva perspectiva y los planes del Gobierno muestran que Colombia será un territorio libre de minas para el año 2021, un sueño que sin duda comparten los vecinos.
Para que se convierta en realidad, las FARC pondrán su esfuerzo con la creación de la organización “Humanicemos”, en la que trabajarán entre 1.200 y 1.500 excombatientes.
Ellos se sumarán a la brigada del Ejército que cuenta con unos 5.000 militares trabajando a pleno rendimiento para limpiar el territorio colombiano.
El cambio ya se siente en Santa Helena donde ahora los vecinos aseguran que “se siente una gran tranquilidad”.
El modelo se extenderá al resto del país; por delante tienen 52 millones de metros cuadrados y un trabajo complejo en el que se empeñarán militares y guerrilleros que harán que en Colombia las minas sean un mal recuerdo del pasado.
Gonzalo Domínguez Loeda
