La marcha se repetirá todos los viernes, tal como lo hicieron en Argentina, durante muchos años, las madres de la Plaza de Mayo, dijeron las dirigentes de las agrupaciones a los periodistas.
Previamente, las organizaciones entregaron en La Moneda una “Carta contra la impunidad”, dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, en la que le exigen pronunciarse sobre lo que consideran una campaña que busca liberar a autores de crímenes de lesa humanidad
Desde hace varias semanas parlamentarios de diversos sectores, incluidos algunos de la coalición oficialista, han planteado que los militares y exagentes encarcelados sean incluidos en un proyecto orientado a favorecer con la excarcelación u otros beneficios a reclusos ancianos, enfermos terminales o con patologías irreversibles como el alzheimer.
Las organizaciones han reaccionado en contra de la idea, argumentando que los presos por crímenes de lesa humanidad nunca han colaborado con la justicia ni manifestado arrepentimiento alguno, lo que explica, por ejemplo, que haya aún una lista de 1.192 detenidos desaparecidos.
En la carta a Bachelet, las organizaciones demandan también el cierre de la prisión de Punta Peuco, construida expresamente para los violadores de los derechos humanos y su traslado a cárceles comunes, para terminar con sus privilegios.
Sobre la posibilidad de que se les otorgue la libertad condicional, las organizaciones exigen que Chile solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además se presente un proyecto de ley que explícitamente impida el otorgamiento de beneficios a los violadores de derechos humanos.
Los manifestantes portaban además pancartas en las que se leía “En derechos Humanos no se cumple el programa”, en alusión al programa de Gobierno de Bachelet que se comprometía a impulsar medidas que impidan la impunidad en derechos humanos.
“Para nosotros es impresentable el silencio del Gobierno frente a esta campaña articulada por la derecha, sectores de la Nueva Mayoría y algunos personeros de la iglesia católica”, dijo a los periodistas Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep).
“No puede haber beneficios para victimarios a quienes se intenta ahora convertir en víctimas, a pesar que no muestren arrepentimiento y se han negado a colaborar en las causas judiciales”, añadió.
“Ha habido un silencio y una indolencia inaceptable del poder ejecutivo respecto a la lucha contra la impunidad”, dijo por su parte Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
“No es que no hayan cumplido el programa, es que no han hecho nada, lo que es peor”, agregó la dirigente, para quien el silencio de Bachelet ha posibilitado que avance la campaña a favor de los criminales.
