A través de sus abogados patrocinantes Juan Maida y el abogado español Aitor Martínez Jiménez, especialista en derecho internacional, la querella se sustenta en lo referente a la persecución contra comunidades indígenas durante la dictadura, principalmente en los años 70 contra la comunidad Aché, a través de asesinatos masivos, limpieza étnica y traslados a campos de concentración, secuestro de niños, venta de mano de obra esclava para trabajo y prostitución y denegación de medicamento.
Los mismos expresaron que no hay voluntad en el país para aclarar estos hechos.
La referida presentación fue realizada ante el magistrado federal Norberto Oyarbide, en Buenos Aires, el pasado martes.
Hicieron la presentación judicial Domingo Guzmán Rolón, Santiago Rolón Centurión, Carlos Ortellado Gómez, Yudith Rolón Jacquet, Hernán Rolón Jacquet, Virgilio Bareiro, Carlos Luis Casabianca Rodríguez y Margarita Mbywangi.
También completan la lista Celsa Ramírez Rodas, Derlis Miguel Villagra Ramírez, Domingo Isabelino Laíno Figueredo, Martín Almada y Evaristo Antonio González.
Como organizaciones han propiciado esta querella el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura, la Fundación Celestina Pérez y la comunidad Aché.
La querella se centra en delitos contra la humanidad cometidos en ese mismo periodo, principalmente detenciones arbitrarias, encarcelamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, exilio forzado y otros crímenes como esclavitud sexual o trabajos forzados. La dictadura de Stroessner se extendió desde 1954 hasta 1989, con un saldo estimado de entre tres mil y cuatro mil víctimas fatales.
El petitorio solicita que las personas que resulten individualizadas como autores o partícipes sean llevados a juicio oral, que se cree una comisión de expertos compuesta de historiadores y juristas que investiguen el Archivo del Terror, y que se dicte una orden de detención internacional contra las personas sindicadas como posibles autores.
