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Mundo
martes 2 de agosto de 2016, 22:01

Víctimas de envenenamiento no echan paso atrás y exigen justicia en Panamá

Panamá, 2 ago (EFE).- Los sobrevivientes y familiares de víctimas del envenenamiento masivo con un jarabe distribuido por el Seguro Social de Panamá no se arredran ante la tragedia que vivieron y hoy subieron una empinada pendiente que lleva a la Corte Suprema panameña para protestar por un fallo que, afirman, no condenó "ejemplarmente" a los imputados.

"Vergüenza internacional", "sentencia comprada", "fallo cruel, inhumano y despiadado" fueron algunas de las expresiones soltadas por las víctimas del tóxico en el piquete realizado ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que emitió su decisión la semana pasada.

Además, exclamaban "cochinos", "corruptos", "nada más les gusta la plata", en aparente alusión a los magistrados que suscribieron la sentencia por la intoxicación que se cobró la vida de más de dos centenares de personas.

También tenían una pancarta criticando la Justicia y en la que se podía leer:"Antes era ciega, ahora soy sorda, muda y sinvergüenza".

Entre los participantes de la protesta había algunos como la señora Rudesinda Delgado, de 57 años, ciega y con otros daños irreversibles causados por un expectorante que fue alterado con dietileneglicol.

"Este veneno me tiene ciega, por este veneno todo se me cayó de mi boca, una mujer que tenía su dentadura preciosa, y haciéndome diálisis de por vida", afirmó Delgado a Efe.

Delgado, que aparenta más edad por las evidentes secuelas que arrastra como víctima del envenenamiento, también se queja porque, según asegura, el expediente de su caso "no aparece en ningún lado", lo que da a entender, indicó, que ya no existe.

Esta afectada por el tóxico expresó su ofuscamiento por el fallo del Segundo Tribunal, que castigó con entre uno y cinco años a cinco imputados y absolvió a otros seis, incluidos altos cargos de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa).

Rudesinda pidió al presidente del país, Juan Carlos Varela, que "saque su correa y agarre a ese juez corrupto y le dé su correazo para que aprenda a dar un fallo y se vaya a graduar de nuevo".

Daniel Sarmiento, del Comité de Familiares y Víctimas del Envenenamiento, señaló a Efe que este lunes presentó una apelación el abogado del movimiento, Antonio Vargas.

Sarmiento dijo que los afectados por el envenenamiento esperaban una sentencia "más honesta" ya que en el expediente "había pruebas contundentes" para condenar a cada uno de los imputados por el envenenamiento por el dietileneglicol.

Una condena de 15 años a los procesados habría sido la óptima, según Sarmiento, pero añadió que el tribunal se decidió por la mínima, que se aplica cuando se trata de uno o dos muertos, pero el caso resaltó "es que van más de 500 muertos reconocidos por la Fiscalía".

"Y para nosotros hay más de 12.500 muertos, más de 2.500 sobrevivientes y más de 250 niños" afectados, remarcó Sarmiento, que aseguró que estas son cifras de investigaciones que han hecho a nivel nacional aunque algunos afectados no han querido denunciar.

Los familiares y víctimas del envenenamiento masivo bloquearon el tráfico frente a la sede del tribunal, en el edificio que alberga a la Corte Suprema de Justicia, en la hora pico en que salen de su jornada los funcionarios de esa y otras entidades cercanas.

La Corte Suprema está ubicada en las laderas del Cerro Ancón, en las orillas del Canal de Panamá, en una pendiente donde funcionan también las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), la Morgue Judicial y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

Los manifestantes, procedentes de varias regiones y provincias del país, aseguraron que seguirán en las calles exigiendo justicia y que no descartan acudir a instancias internacionales.

En la sentencia difundida el pasado viernes, el Segundo Tribunal Superior de Panamá consideró que en el caso del envenenamiento se dio "la confluencia de una serie de comportamientos tanto culposos como dolosos independientes los unos de los otros, pero concurrentes".

En 2003 la CSS compró 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez la adquirió a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo de China.

Con la supuesta glicerina pura, la Caja elaboró un jarabe para la gripe que resultó no ser apto para el consumo humano por contener dietilenglicol, sustancia que se utiliza principalmente como refrigerante industrial.

La Justicia española decretó en 2011 el archivo de la causa contra Rasfer, activada por los afectados y la CSS de Panamá, con el argumento de que la farmacéutica fue una "mera intermediaria comercial".

Por Fabio Agrana