“Nos van a decir que no hay plata, pero sí la hay (...) Necesitamos medicamentos de alta calidad, alimentación especial y consultas médicas privadas... Eso es mucho gasto y no nos alcanza”, dijo a Efe Holanda Hernández, presidenta de una asociación independiente que reúne a víctimas del conocido “jarabe tóxico”.
Hernández, que sufre neuropatía periférica, fibromialgia y distintos problemas estomacales, dermatológicos y renales, también solicitó al Gobierno que les otorgue la incapacidad laboral permanente, en vez de las 144 horas anuales para acudir a citas médicas que les reconoce la legislación actual.
“Nuestros males los provocó el Estado y tiene que solucionarlos”, afirmó la afectada, que anunció además una concentración a las puertas de la Presidencia para la próxima semana.
El caso, que dio la vuelta al mundo y generó revuelo en Panamá, se remonta al año 2003, cuando la estatal Caja del Seguro Social (CSS) compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.
Con esa supuesta glicerina pura, la CSS elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano porque contenía dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza principalmente como refrigerante industrial.
Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del “jarabe de la muerte”, pero fue hasta el año 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
“A mi hija le recetaron el jarabe porque en 2003 le detectaron asma. A mí me lo dieron tres años después porque enfermé de un resfriado”, explicó Hernández.
Hasta el momento, las autoridades han reconocido 170 muertes y más de 1.300 afectados, aunque se cree que la cifra puede ser ocho veces mayor.
La Justicia panameña imputó a cerca de 30 de personas, pero absolvió a más de la mitad y en la actualidad son solo 11 los acusados, entre los que se encuentran directivos de Medicom y exfuncionarios de la CSS, como su exdirector René Luciani.
El Ministerio Público pide para ellos penas de entre 8 y 15 años de cárcel por los delitos “contra la salud pública, la fe pública y contra la vida e integridad personal”. El juicio concluyó el pasado 8 de abril y se encuentra a la espera de sentencia.
