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Editorial
viernes 30 de diciembre de 2016, 02:00

Veto al PGN: Faltó acuerdo basado en el interés general

El Presupuesto público es el principal instrumento de política fiscal. Si bien su aprobación y vigencia es anual, el contenido del mismo tiene impacto a mediano y largo plazos y sus efectos tienen la potencialidad de transformar estructuralmente un país. Es inconcebible el conflicto que se ha generado en torno al Presupuesto General de la Nación para el año 2017, y peor aún el desenlace: Después de vetar el PGN, el Ejecutivo usará un presupuesto ya ejecutado, y después deberá afrontar un ambiente social convulsionado. Ejecutivo y Legislativo debían haber llegado a un acuerdo en el que los intereses generales estén por encima de los intereses particulares, el negocio o el rédito político en un año preeleccionario. El país entero perdió.

Lastimosamente, año tras año, la aprobación del Presupuesto General de la Nación, en lugar de generar un debate sobre el país que queremos construir hoy y en el largo plazo, se transforma en una discusión cargada de intereses particulares, información parcial o sesgada y ausencia de criterios técnicos.

Casi todos los años el debate principal en torno al Presupuesto era el relativo a los salarios públicos. Esto implicó discutir no solo el nivel general de gastos, sino también la cantidad de cargos y la distribución –clientelar/prebendaria– de los mismos. Este año se sumó al debate y, sobre todo, a la conflictividad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo el endeudamiento como principal mecanismo de financiamiento de la política pública.

Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. Esto es alarmante, teniendo los recursos naturales y humanos con que cuenta. Pero más alarmante es que la política fiscal no ayude a reducir las desigualdades tanto porque una parte importante del gasto va a financiar políticas dirigidas a los quintiles más ricos de la población, como porque las recaudaciones tributarias se basan en un esquema injusto en el que dicho quintil paga pocos impuestos en términos relativos a sus ingresos.

Esta situación se exacerba actualmente con el interés gubernamental de aumentar sustancialmente la inversión en infraestructura. Nadie pone en duda la necesidad de disminuir el déficit vial, energético o digital; lo que una parte de la ciudadanía y de los parlamentarios cuestiona es que se financie a través del endeudamiento y no por la vía de recursos genuinos de quienes se están beneficiando con el crecimiento económico y que en el futuro serán los más beneficiados por las nuevas obras.

El panorama se enrareció aún más cuando el propio Ministerio de Hacienda informó que los que más ingresos declaran –o ultrarricos de este país– no pagan impuesto a la renta personal gracias a las deducibilidades.

La discusión sobre el tema presupuestario este año no fue menor. El tema de fondo giró en torno a una fiscalidad más justa en el presente y a largo plazo, teniendo en cuenta que las deudas ya contraídas serán pagadas por la siguiente generación. La falta de acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo es una oportunidad perdida; el acuerdo era necesario para lograr un equilibrio entre la necesidad de mayores inversiones y los mecanismos de financiamiento, de manera que se logre reducir el déficit público, financiar la inversión y garantizar justicia tributaria.

El conflicto que se generó alrededor del Presupuesto 2017 no ayuda al país. A los altos niveles de conflictividad social, las propias autoridades agregan más razones de inestabilidad, en un momento en que el país necesita acuerdos amplios y mínimamente consensuados para mantener un nivel mínimo de crecimiento económico y avanzar hacia el desarrollo.