El auge de compras de motocicletas, facilitadas por el ensamblaje local que abarata su precio y las facilidades de pago en el mercado, ha generado un cambio social cuyo impacto todavía habrá que estudiar.
Así como ha dado una respuesta favorable a la falta de medios fácilmente disponibles y de bajo costo para desplazarse de un lugar a otro, atendiendo a la mala calidad del transporte público de pasajeros, el fenómeno también ha tenido sus aristas negativas.
Al haber en todo el país una avalancha de vehículos motorizados de dos ruedas y no existir normas claras en el sector, los marginales han aprovechado la situación para circular sin chapas, ejecutar sus actos delictivos y desaparecer de la escena del delito en un santiamén.
Pese a la certeza de algunas personas, que señalan que la profusión de motos es una de las causas del aumento de asaltos, debemos decir que el argumento no tiene fundamentos. La existencia de los denominados motochorros es una realidad dolorosa, por cierto; sin embargo, las causas de la inseguridad deben ser buscadas en otros hechos y ámbitos.
Con muy buen criterio, aunque de modo tardío, porque el problema es de antigua data ya, la Ley 5131, vigente desde el pasado 3 de octubre, aporta su valiosa cuota para frenar a los delincuentes, estableciendo que todas las motos deben ser entregadas por las casas comerciales a sus propietarios con chapas y verificaciones, además de entregárseles un formulario para que en un lapso de 3 meses obtengan la cédula verde, documento final del proceso de regularización de la posesión.
Ello implicará en la práctica que cualquier motocicleta que transite sin chapa identificatoria permitirá considerar a su conductor sospechoso de ser un delincuente. También, que las personas que vean esas motos se pongan a salvo de posibles asaltantes.
La medida es plausible y habrá que esperar que sea un instrumento eficaz para que la situación de las motocicletas y los motociclistas se vaya regularizando. Sin embargo, aún hay mucho trecho por recorrer y el paso dado puede ser el comienzo de una etapa de mayor determinación política para solucionar los problemas del sector.
Uno de ellos, muy grave, es la carencia de seguro para accidentes, lo cual lleva a que el Estado –es decir, los ciudadanos que pagan sus impuestos– se haga cargo de los gastos de tratamiento de las víctimas. Es necesario, por ello, reflotar el tema que había quedado trunco y darle de una buena vez forma viable y eficaz.
Las chapas de origen demuestran que con voluntad para superar los obstáculos se pueden encontrar las respuestas adecuadas. Hay que esperar que en otros temas vinculados a las motos y sus ocupantes también se vea idéntica actitud de responsabilidad.
