“Los linchamientos constituyen un delito, nadie puede hacer justicia con su propia mano; existe un Estado de derecho que establece las condiciones en que serán ejecutados los juicios”, expresó la titular de la Fiscalía en un acto de su despacho.
Solamente dos personas “están privadas de libertad por su presunta participación” en los linchamientos, añadió al inaugurar la Dirección de Política Criminal para que sus subalternos puedan realizar, remarcó, “estudios, diagnósticos y recomendaciones de calidad en materia de política criminal”.
El presidente de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño, aseguró recientemente que entre el 60 y 65 por ciento de la ciudadanía “está a favor de los linchamientos”.
Solo entre un 30 y 35 por ciento “no los ve como una solución para disminuir la delincuencia”, lamentó el activista que en octubre de 2015 advirtió en una entrevista con Efe que “el linchamiento en Venezuela ha aumentado de una manera impresionante por el desespero de las personas y porque ha aumentado mucho más también la acción delictiva”.
El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, consideró la semana pasada “antiético y reprochable” que “un conjunto de personas se conviertan en asesinos seriales” con “la excusa de que existe inseguridad”.
Es “el sistema de justicia el que tiene que ser fortalecido y es al cual los ciudadanos deben acudir”, porque “hacer justicia por mano propia convierte a las personas que actúan en homicidas, en asesinos”, subrayó.
Saab también criticó que los usuarios de las redes sociales difundan videos que muestran turbas de personas golpeando a supuestos delincuentes.
La difusión de estos videos “hacen apología del delito y quienes lo hacen (...) terminan haciéndole propaganda”, remarcó.
