La denuncia fue hecha por Raquel de Battaglia y su abogado Jorge Zacarías, quienes indicaron que esa construcción fue interrumpida por la Comuna capitalina cuando estaba a la altura del piso 12, pero que hoy ya está terminada, hasta el nivel 28.
Resaltaron que ese edificio en altura no podía inaugurarse debido a que no tiene fiscalización final municipal que ofrezca garantías a quienes puedan eventualmente habitar sus instalaciones en el futuro inmediato.
Aclararon que ante estos elementos, la firma Gustavson y Asociados, de Julio Martín Gustavson Pérez, y la Inmobiliaria Altagracia SA no pueden ofrecer títulos definitivos a quienes adquieran esos apartamentos.
Raquel de Battaglia recordó que en el 2010 debió abandonar junto a su familia su residencia vecina a este edificio por grietas en su estructura, caída de materiales y desmoronamientos, sin ser indemnizados a la fecha.