Dicho control de las asistencias de los legisladores a sus tareas legislativas se da tras la serie de cambios producidos en la Cámara Baja, luego del atropello del oficialismo colorado, junto a sus aliados llanistas y del Frente Guasu.
Velázquez había dicho que espera que “los presidentes de comisiones comuniquen las ausencias para realizar los descuentos”.
Si bien es atribución del presidente ejecutar dicha acción, tal como lo habilita el reglamento, la constante durante su mandato ha sido no confrontar con sus pares.
Ahora que está de retirada y que su cambio en la presidencia lo ven como vendetta por pasar a las filas de la disidencia colorada, Velázquez trataría de influir en sus decisiones ejecutivas en quienes permitieron la sucesión en la Cámara Baja a favor del diputado Pedro Alliana.
En este escenario está claro que no se advierte que haya tregua en la interna colorada entre oficialistas y disidentes.
De concretarse la sanción, podría significar una de las últimas antes de darse la despedida de la presidencia.
Comisiones. Existen 30 comisiones asesoras en la Cámara Baja, dentro de las cuales las más influyentes están presididas por miembros de la corriente oficialista colorada. Entre ellas se nombran la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Ramón Romero Roa y la de Legislación, a cargo de Bernardo Villalba.
A partir de un informe que pueda brindar cada una de las comisiones, la dirección administrativa deducirá del salario de los legisladores el monto atribuido como descuento.
Cabe señalar que dentro de la Cámara se conoce quiénes no asisten al trabajo en las comisiones y que asisten directamente a las plenarias sin tener conocimiento suficiente de los proyectos. Es más, son preferentemente de los partidos tradicionales a los cuales también les corresponden los liderazgos de comisiones. Salvo en los viajes indebidos en el que se involucraron algunos diputados, casi nunca debieron devolver dinero y siempre cobraron casi la totalidad de sus haberes que llegan a G. 31 millones al mes.