Con carteles como “SOS, no maten a nuestros hijos”, unos 200 pobladores ratificaron su postura de no permitir la instalación de un centro de distribución en la localidad.
Señalaron que la ANDE ni Salud cuentan con estudios que den tranquilidad a los vecinos sobre posibles efectos en la salud y pidieron que se haga un análisis de factibilidad para mudar el proyecto a zonas menos densas.
Reclamaron la falta de alternativas y aseguraron que no dejarán de manifestarse hasta que tengan las garantías sanitarias adecuadas.
La diputada Olga Ferreira, quien acompañó el reclamo de los pobladores, manifestó que el proyecto es un atropello a los derechos humanos de los vecinos y que ni siquiera se socializó, sino que solo se informó al término de la licitación pública.
Seguro. El gerente técnico de la ANDE, Walter Causarano, afirmó a los vecinos que las obras contemplan todas las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a las leyes para no dañar la salud de un solo vecino. Dijo no tener problemas en dialogar, pero que la obra no puede detenerse.
