Por las 10.527 viviendas paradas, en su mayoría en estado de abandono, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) desembolsó unos G. 172.472 millones o USD 40 millones, según el anticipo del 50% estipulado en el momento de adjudicación del contrato.
Los documentos de las Unidades Operativas de Contratación (UOC) revelan que los porcentajes de anticipo por adjudicación de contratos para la construcción de viviendas son del 50%. Fuentes de la institución brindaron una escala de porcentajes de anticipos otorgados de acuerdo a cada programa.
El mismo ministro de Senavitat, Francisco Knapps, confirmó que en algunos casos “los anticipos pagados llegaban hasta el 85% del valor del contrato”.
“En la época de los liberales, pagaban el 85% del monto total del contrato en el primer desembolso porque se tenía que dejar el vuelto para los amigos de la campaña política”, denunció Martín Brandell, presidente de la Federación Nacional de Familias de Extrema Pobreza (Fenafepo).
Oficialmente, la institución se negó a proporcionar información sobre los montos de los pagos por las viviendas paradas. Tampoco supieron cuantificar las pólizas recuperables ni las vencidas porque hay diferentes tipos de casos, según confirmaron los voceros.
Factura. La frustración, además del daño social de cientos de familias desilusionadas, deja al actual Gobierno una factura de G. 350.000 millones aproximadamente, o USD 81,3 millones, para completar las viviendas inconclusas, iniciar los que quedaron en cimientos y recuperar los abandonadas. “Esto, estimado en unos USD 15.000 por vivienda”, dijo Knapps al explicar que los precios son diferentes, pero “se puede estimar esa cifra”.
Proyectos del Gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco dejan una importante carga para la eficiencia de la política habitacional del país. De esas administraciones quedan proyectos que todavía ni se iniciaron, como el caso del programa Cepra en el Departamento de Paraguarí.
