EFE
El próximo 26 de octubre se celebrará en el país un referéndum que llevará a los ciudadanos a votar si quieren rebajar de los 18 a los 16 años la edad de imputabilidad penal, algo que según las últimas encuestas apoyaría el 54 % de los uruguayos.
En total son veinte los centros del SIRPA repartidos por el territorio uruguayo, el último de ellos inaugurado hoy en Montevideo con capacidad para 108 jóvenes, informó el director de dicho organismo público, Jorge Gago, convencido de que con la apertura de estas instalaciones se termina con el problema de “superpoblación” que el país venía sufriendo de forma continuada.
El número de menores internados en ellos es “mucho menor en la franja de los 13 a los 15 años que de los 16 en adelante”, apuntó Gago, quien matizó que, de estos últimos, buena parte tiene más de 18, puesto que muchos acceden con 17 y han de cumplir el periodo de privación de libertad estipulado por el juez, un máximo de cinco años, aunque cumplan la mayoría de edad.
Los uruguayos votarán el próximo 26 de octubre, de forma paralela a las elecciones generales, un proyecto de reforma constitucional para rebajar la edad de imputabilidad penal impulsado por el Partido Colorado y sectores del Partido Nacional, ambos opositores al Gobierno de José Mujica.
La iniciativa recopiló en 2012 más de 350.000 firmas entre los ciudadanos para pedir que se sometiera a referéndum, como consecuencia de una creciente preocupación en el país por la seguridad y después de una serie de violentos crímenes que involucraron a menores de edad.
El director del SIRPA prefirió no pronunciarse acerca de los cambios que se producirían en los centros de este organismo si la ciudadanía diera un eventual apoyo mayoritario a la rebaja de la edad penal.
En este sentido, Gago aseguró que el número de chicos y chicas que entran por primera vez en los centros descendió en los últimos dos años de 77 ingresos al mes “a los 45 o 50" de ahora, como también cayó el número de menores que había cometido un homicidio, delito por el que se cumple el máximo periodo de internamiento, de cinco años.
De momento, en 2014 no se han registrado fugas en ningún centro, motivo de satisfacción para el representante de estos emplazamientos, quien añadió que en años anteriores “se calcula que los menores que escapaban podían llegar a cometer de 4 a 10 delitos”, principalmente rapiñas.
A su juicio, el trabajo de prevención policial o las medidas institucionales tomadas en los últimos años para evitar fugas fueron algunas de las claves de este cambio.
La infraestructura de los centros de seguridad a los que llegan los jóvenes que comenten delitos cuentan, además de con módulos con baño incorporado, con aulas, biblioteca, talleres, una policlínica, un gimnasio, una cancha para realizar deportes, además de espacios verdes y al aire libre para la recreación.
En su interior, en el que se establece un sistema de vigilancia a través de cámaras de seguridad en los espacios públicos, se vela por la formación de los internados, con clases de educación primaria y secundaria y formación en talleres.
Sin embargo, según matizó el director del SIRPA, cada vez son más los menores que mediante una autorización judicial consiguen permanecer en las instalaciones solo por la noche, pudiendo estudiar o trabajar en el exterior reintegrados en la sociedad.
Tras la inauguración, este miércoles, de un nuevo centro de internamiento en Montevideo, se prevé próximamente la apertura de otro en la misma ciudad y tres en Salto, Minas y Mercedes y Monte.
