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Editorial
sábado 24 de septiembre de 2016, 01:00

Urge poner fin a la esclavitud en la seguridad privada

En pleno siglo XXI, con la complicidad de las instituciones del Estado que contratan sus servicios, algunas empresas de seguridad privada mantienen en el país un sistema esclavista, al no cumplir las leyes laborales. Sus propietarios se amparan en vínculos políticos y son protegidos por la impunidad. Los guardias trabajan 12 horas y solo cobran por 8. En muchos casos, no están asegurados en el IPS, carecen de vacaciones y días libres y se los somete a una disciplina cuartelera que no corresponde. Siendo su tarea riesgosa, no cuentan con seguro de vida. Es hora de que el Ministerio del Trabajo ponga fin a este anacrónico régimen.

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tal como denunciaran Rafael Barrett y otros, los dueños de yerbales y obrajes habían impuesto el régimen esclavista de los mensú. La taninera del Chaco, Carlos Casado, no quedó atrás al utilizar vales de alimentos para pagar a sus operarios.

Hoy, en la era de internet y el reconocimiento generalizado de los derechos humanos en diversos ámbitos, el sistema es replicado en códigos urbanos que también ignoran la dignidad humana.

Uno de los sectores que mantienen la esclavitud como norma no escrita, pero practicada, es el de las empresas de seguridad privada. Las denuncias de las últimas semanas apuntan hacia dos de ellas, pero no son las únicas, ya que la modalidad de la violación del Código Laboral es un hecho cotidiano en esta rama del quehacer empresarial. Los denunciados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social son la empresa Tapití, gerenciada por el hermano de un ex comandante de la Policía Nacional, y Security Service Technology (SST), perteneciente a un ex diputado colorado.

Las irregularidades son comunes: trabajo de doce horas –muchas veces en tandas nocturnas–, por los que solo abonan como ocho; no pago de la seguridad social al IPS; no cumplimiento de los días libres, las vacaciones pagas y el aguinaldo, junto a otras violaciones claras del Código Laboral. Del seguro de vida es algo del que ni siquiera se habla, siendo algo esencial para personas que arriesgan sus vidas al defender intereses de terceros.

Para colmo, la mayoría de las empresas que son de seguridad para otros y no para sus empleados que le permiten obtener cuantiosos ingresos implementan regímenes de terror interno para que nadie ose denunciar sus irregularidades o formen sindicatos.

La culpa del mantenimiento de esta situación vergonzosa es del Estado y, como administrador circunstancial del mismo, el Gobierno actual. Prueba de ello es que aun cuando Contrataciones Públicas prohíbe que empresas que violan las leyes brinden servicios al sector público, el Ministerio de Salud Pública, el mismo Ministerio de Trabajo, IPS, Copaco, ANDE, la Presidencia de la República y la Municipalidad de Asunción les hacen ganar sus licitaciones.

Esa complicidad refleja que no hay voluntad para cumplir las leyes. Si bien el Ministerio del Trabajo denunció a la firma SST, nada dijo de las demás y el régimen de abusos continúa vigente. Tampoco el Ministerio del Interior, responsable de la seguridad interna del país.

Es hora de que este régimen esclavista termine. Ello empezará a verse cuando el Ministerio de Trabajo y Contrataciones Públicas hagan a un lado a los explotadores y exijan a todas las empresas de seguridad –sin importar quiénes son sus propietarios y padrinos– que cumplan las normas de justicia laboral para contratar con el Estado.