Tras varias denuncias sobre presuntos hechos delictivos cometidos durante su larga primera gestión, el anterior defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, fue imputado el miércoles último por lesión de confianza en calidad de autor.
Las principales denuncias habían sido hechas por el actual defensor, Miguel Godoy, quien aseguró que al asumir en noviembre de 2016 encontró la institución en un estado desastroso y con evidencias de presuntos delitos cometidos por el anterior, que fueron presentadas ante el Ministerio Público.
Tras varios meses de investigación, finalmente los fiscales Ígor Cáceres y Josefina Aghemo decidieron imputar a Páez Monges y a otros dos funcionarios por autorizar el cobro indebido de indemnizaciones a presuntas víctimas de la dictadura del general Alfredo Stroessner, violando disposiciones legales y falseando datos. Lo llamativo es que el caso, que anteriormente estaba a cargo de la fiscala Liliana Alcaraz, estuvo a punto de prescribir por haber permanecido mucho tiempo guardado en los cajones.
La actual imputación del ex alto funcionario y sus colaboradores debe ser un punto de partida para esclarecer totalmente lo ocurrido, reivindicando el valor de la función del Defensor del Pueblo como vigilante de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios, un protector de los ciudadanos ante las situaciones de injusticia y los abusos del poder, tal como se establece en la propia Constitución Nacional.
No hay que olvidar tampoco la complicidad de los propios legisladores, que permitieron que una situación totalmente irregular se mantenga durante un tiempo prolongado, al mantener a Páez Monges durante 8 años en el mismo cargo con mandato vencido, solamente porque no se ponían de acuerdo para nombrar en su reemplazo a un funcionario que también respondiera a los intereses políticos de los sectores mayoritarios de poder, contrariando el principio democrático de que debe estar a favor de la ciudadanía. Esta situación fue varias veces señalada y reprochada por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas.
Ahora que hay un proceso de investigación fiscal y judicial en marcha, se debe insistir en que los presuntos delitos cometidos no queden en la impunidad o el oparei. Pero, por sobre todo, se debe aprovechar esta situación para recuperar la transparencia en torno a la gestión de la Defensoría Pública, garantizando que se cumpla con eficiencia el importante rol constitucional para el cual fue asignada, como un elemento fundamental para el ejercicio de la democracia.
