28 mar. 2024

Urge educación financiera para toda la ciudadanía

Una nueva modalidad de estafa a la ciudadanía se está evidenciando. La existencia de préstamos usurarios por parte de empresas que supuestamente venden electrodomésticos salió a luz la semana pasada, mostrando la debilidad de los mecanismos públicos para prevenir este tipo de delitos. Los costos son altísimos tanto para los consumidores como para las instituciones públicas que deben destinar tiempo y recursos en perseguir un delito que ni siquiera se hubiera planificado. Esto es posible solo en contextos de vacíos legales, debilidades estructurales en la protección a los consumidores y alta percepción de impunidad.

Resulta impensable que a esta altura del desarrollo de instituciones reguladoras en el Paraguay y de la experiencia pasada en crisis financieras todavía exista en nuestro país la posibilidad de gestar negocios y avanzar en los mismos con tanta facilidad.

¿Cómo es posible que se hayan podido crear empresas, contratar trabajadores, convencerlos de vender un producto ilegal, encontrar clientes y cobrar dinero por la vía de débitos automáticos sin que se haya encendido una luz de alarma en las instituciones públicas antes de que se convierta en un problema de tanto alcance? Algo no está funcionando en la institucionalidad pública, en el sector privado y en los consumidores. Por un lado, las expresiones de los funcionarios que están trabajando en el tema revela que el flujo de información entre instituciones públicas tiene cortocircuitos. El Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Tributación y el Ministerio de Industria y Comercio deberían contar con información al día de las empresas que ofrecen productos financieros.

Estas empresas y las casas de créditos que abundan en el mercado pueden estar haciéndole un gran daño a la economía, con efectos irreversibles y a largo plazo. La desconfianza en el sistema financiero sigue presente en la memoria de los paraguayos después de haber pasado muchos años de las crisis de los noventa. Es urgente que el marco legal y la institucionalidad financiera mejoren para garantizar a los consumidores cantidad y calidad de información, fluidez en los mecanismos de denuncias y rapidez en la solución de las denuncias. De esta manera, se podrá prevenir la situación y reducir los costos de eventuales fraudes.

Tampoco funcionan los incentivos negativos a delinquir. El sistema punitivo actual al parecer no es suficiente, por eso el bajo apego a la ley. La percepción de impunidad es tan alta que justifica el riesgo de delinquir.

Las autoridades encargadas deben revisar la pertinencia de los incentivos negativos: multas, cierres de negocios, castigos en el ámbito penal de manera a aumentar el riesgo de impulsar este tipo de negocios. Si los costos fueran más altos, probablemente disminuiría el incentivo.

Pero también llama la atención el desconocimiento, la falta de información y la vulnerabilidad de los clientes. A lo que se suma un sistema financiero que no cuenta con productos financieros acorde con la demanda de mercado y con la debida protección al consumidor. Es urgente avanzar en la educación financiera a la ciudadanía. El Banco Central cuenta con una estrategia que debe ser implementada no solo con adultos, sino fundamentalmente en el sistema educativo para crear desde la adolescencia conciencia sobre los derechos y las obligaciones en este tema.

Urge que se tomen las medidas necesarias. El mal funcionamiento del sistema financiero tiene un gran impacto negativo a corto, mediano y largo plazo, por lo que las soluciones deben ser implementadas también en ese marco de tiempo.

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