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Editorial
sábado 6 de mayo de 2017, 02:00

Urge diseñar una estrategia de seguridad para todos

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) ha vuelto a insistir en un problema de larga data: la inseguridad. Su punto de mira está centrado en el Norte, donde el ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) constituye un drama que es necesario extirpar cuanto antes. Ese reclamo tiene que servir al Gobierno para trazar un plan de combate a la delincuencia a lo largo y ancho del país. La zozobra y la incertidumbre no solo acechan a pobladores de los departamentos norteños sino también a los de otros departamentos, incluyendo a la Capital. La sensación que existe es que las fuerzas del orden han sido rebasadas y que están más en una actitud contemplativa antes que de enfrentamiento con los marginales.

Los grandes ganaderos, en su reciente asamblea, han reiterado su preocupación por la inseguridad que les afecta. El punto más crítico para los socios de la ARP es la zona de influencia, en el Norte, del grupo armado de delincuentes autodenominado EPP.

A partir de ese dedo puesto en la llaga es oportuno considerar el problema de la inseguridad en el interior del país.

Muchas veces los enfoques de este flagelo se circunscriben y detienen en Asunción, algunas ciudades del Departamento Central, Alto Paraná y Amambay, nada más.

El reciente asalto a una empresa de caja de caudales en Ciudad del Este también ha sido un disparador de alerta y un recordatorio a las autoridades para que dejen de cruzarse los brazos y atiendan un tema de suma relevancia para toda la ciudadanía.

No solamente las áreas urbanas están expuestas a las acciones de los delincuentes, las rurales también son azotadas por el desborde de aquellos que viven al margen de la ley generando temor, zozobra e incertidumbre en poblaciones que solo desean trabajar y vivir en paz, sin el asedio de malvivientes.

Además de la ineficacia del grupo de operaciones militar-policial en el Norte, en el resto de la República se observan la desidia, la falta de profesionalidad y, en muchos casos, la complicidad de algunos policías con los delincuentes.

La sociedad civil percibe que aquellos que deberían proteger a las personas y sus bienes actuando con sentido de responsabilidad y capacidad profesional son muchas veces los que apañan a los delincuentes. En vez de perseguir a los marginales, se alían con ellos por dinero o participando directamente de sus bandas de asaltantes.

El Gobierno se jacta de acrecentar el patrimonio de infraestructura vial. Se olvida, sin embargo, que su obligación más grande es proporcionar seguridad a las personas en todos los lugares, en las ciudades y en el campo. A grandes y pequeños ganaderos. A toda la población.

Ante el giro del panorama político, tras dejar de lado el afán de cambiar la Constitución de manera ilegal para intentar instaurar la reelección presidencial, ha empezado ya otro capítulo de la lucha por el poder.

Es necesario, sin embargo, que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, actualice su estrategia de seguridad y defienda con eficiencia los intereses ciudadanos.

Para que el Paraguay avance con pasos firmes en su desarrollo, la seguridad es un componente esencial.

Es necesario que los tres poderes del Estado tengan conciencia de ello y actúen en consecuencia.

Cualquier logro será empañado y quedará a mitad de camino, en la incertidumbre, si no se logra resolver ese problema crucial.