El dato es revelador y genera preocupación: Un 51% de las personas privadas de libertad, de las 927 que fueron entrevistadas por los comisionados del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura (MNP), durante año el 2016, sostienen que fueron golpeadas, maltratadas e insultadas por agentes de la Policía Nacional en momentos en que eran detenidas.
El dato de los que fueron torturados, una vez que estaban presos, es aún mayor: el 70% de los entrevistados, quienes aseguran que fueron golpeados, maltratados e insultados por guardiacárceles en los centros penitenciarios.
Estos datos forman parte del informe oficial que el MNP, un organismo estatal independiente, dio a conocer el martes último, asegurando que la tortura por parte de efectivos de la Policía Nacional (en el 69% los casos), de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (en el 28% de los casos) e incluso de funcionarios de la Fiscalía (en el 2,2%), sigue tan vigente como lo estuvo en las peores épocas de la dictadura stronista.
En el caso de la mujeres presas, un 35,3% fueron víctimas de torturas y malos tratos en el momento de su aprehensión, de las cuales un 43% recibieron torturas físicas y un 56,9% torturas sicológicas.
La revelación supone una grave violación de las disposiciones establecidas en la propia Constitución Nacional, en varias leyes y en tratados internacionales suscritos por el Estado paraguayo, ya que la tortura constituye uno de los actos más degradantes y una de las más terribles violaciones de los derechos humanos.
En el momento de la presentación del informe, el comisionado Roque Orrego fue categórico al afirmar que se está hablando de “tortura pura y bruta, al mejor estilo de la dictadura”. A pesar de que siempre se ha manejado la suposición de que la brutalidad policial heredada de la época dictatorial no ha variado mucho, la comprobación hecha por el informe del Mecanismo establece que no se ha avanzado casi nada en variar el enfoque de la educación en las academias policiales, donde presuntamente se han introducido materias que tienen que ver con el respeto y la valoración de los derechos humanos.
Igualmente, se destaca que desde las cúpulas de los organismos de seguridad se otorga una especie de “luz verde” para que se aplique la tortura. Sobre todo, cuando se indica que de unas 3.000 recomendaciones hecha al Estado por el Mecanismo en los últimos 5 años se han cumplido menos de la mitad.
Es necesario que la sociedad se involucre para desterrar esta bárbara práctica que atenta contra los derechos humanos.
