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Editorial
martes 8 de agosto de 2017, 02:00

Urge combatir los casos de abusos en la fuerza policial

Una nueva denuncia de extorsión y abuso durante un operativo realizado por agentes policiales de la comisaría de Ñemby, que presuntamente mantuvieron secuestrada por varias horas a una persona con antecedentes delictivos, sometiéndola a torturas para sacarle dinero, ratifica el nivel de corrupción que sigue imperando en el organismo de seguridad. El episodio se suma a varios casos similares denunciados con anterioridad. Es difícil confiar cuando la policía, en lugar de generar protección y seguridad en la ciudadanía, se convierte en una amenaza. Es imperiosa la necesidad de emprender más acciones que ayuden a depurar las filas de la fuerza policial.

La corrupción y el poco profesionalismo de los miembros de la Policía Nacional no dejan de ser una mala noticia con reiterada frecuencia. Esta vez, una nueva denuncia apunta a cuatro agentes policiales de la comisaría de Ñemby, acusados de haber formado parte de un dudoso procedimiento en la noche del sábado último.

De acuerdo con la versión arrimada ante el Ministerio Público, los efectivos policiales detuvieron a Óscar Patricio Escobar, un ciudadano con antecedentes por hurto y otros delitos, a quien presuntamente mantuvieron secuestrado durante varias horas en el local del Banco de Fomento de Ñemby, exigiéndole la suma de 10 millones de guaraníes para no involucrarlo en un hecho punible.

Presuntamente, Escobar fue acusado de un caso de robo a otro oficial de Policía, pero en lugar de dejar el caso en manos del Ministerio Público, como corresponde, el detenido fue víctima de un secuestro y una extorsión para sacarle dinero en forma ilegal, según la denuncia que sus familiares.

Lo lamentable es que este caso es muy similar a varios otros anteriores denunciados, lo cual denota que es un procedimiento de recaudación al que recurren muchos policías, abusando de su función, para obtener dinero en forma ilegal. Cabe recordar el caso de la empresaria Tanya Villalba, quien denunció que policías de la Comisaría 11ª Metropolitana la retuvieron ilegalmente en su vehículo y le plantaron droga para exigirle dinero, o numerosos casos de ciudadanos que en la noche del 31 de marzo último –durante los sucesos de protesta ciudadana que derivaron en la quema de la sede del Congreso– denunciaron haber sido víctimas de detenciones ilegales, maltratos y extorsión de parte de la policía.

Este nuevo hecho denunciado ratifica el nivel de corrupción que sigue imperando en el organismo de seguridad. En varios de los casos se ha comprobado que la acción ilegal por parte de los agentes cuenta con la aprobación y la complicidad de los jefes de las respectivas comisarías y reparticiones judiciales, lo cual hace sospechar que el sistema de recaudación ilegal es reconocido y autorizado por altos miembros de la cúpula policial. Es decir, la corrupción sigue involucrando a altos miembros de la institución.

El dilema que esta situación plantea es cuán difícil resulta contar con la confianza de la ciudadanía cuando la policía –en lugar de generar protección y seguridad– se convierte una amenaza.

Es imperiosa la necesidad de emprender más acciones que ayuden a depurar las filas de la fuerza policial, de modo a devolver la seguridad que el país necesita para salir adelante.